SAN LUIS POTOSÍ, SLP | Ante los medios de comunicación y como un ejercicio de transparencia, Rocío Cervantes Salgado, Titular de la Auditoría Superior del Estado, presentó el plan de acciones para el año 2019, además de dar a conocer el cierre del año 2018 en materia de fiscalización.
Este año se realizarán un total de 261 auditorías, entre financieras y otras con enfoque de desempeño, correspondientes al ejercicio fiscal 2018; para ello los entes fiscalizables deberán presentar sus cuentas públicas a más tardar el próximo 31 de marzo.
Respecto a la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2017, se informó que los entes responsables acudieron a los llamados en los períodos de solventación respectivos; sin embargo, no se observó alguna reducción importante en los montos que se detectaron inicialmente. Es decir, los procesos continúan y no se descarta la integración de carpetas de investigación que podrían ser turnadas ante las autoridades competentes, en las próximas semanas.
Por otro lado, Cervantes Salgado informó que la ASE ha presentado 14 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, derivadas de sus facultades de fiscalización. Las denuncias corresponden a la revisión de cuentas públicas de ejercicios anteriores en los municipios Villa de Arriaga, Axtla de Terrazas, Ébano, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Ciudad del Maíz, Tanlajás, Tamuín, Villa de la Paz y Organismo de Agua El Peñón.
Cervantes Salgado manifestó que del mismo modo suman 9 denuncias penales que la Auditoría Superior del Estado ha presentado, derivadas de presuntas irregularidades al interior del organismo fiscalizador, por actos cometidos entre 2014 y 2018, entre ellos el hackeo de cuentas bancarias, la celebración de fiesta navideña, la nómina secreta, ejercicio indebido de la función pública, cobros indebidos y otros.
Finalmente, refirió que la ASE llevará acabo este año un programa emergente para abatir el rezago, ya que hay alrededor de 3 mil procesos pendientes derivados de la revisión a cuentas públicas desde 2007, y para evitar su prescripción y la posible responsabilidad en la que el organismo pueda caer por incumplimiento, deben revisarse y proceder a las sanciones respectivas.
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