En la acusación sobre enriquecimiento inexplicable, el juez otorga a la defensa del ex gobernador una prórroga para que aporte más pruebas de inocencia
TAMAULIPAS/Perla Reséndez
CIUDAD VICTORIA, Tam. | El Juez Patricio Lugo Jaramillo, concedió una prórroga para el cierre de investigación complementaria de dos meses más a la defensa del ex gobernador tamaulipeco, Eugenio “N”, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 41 millones de pesos.
En una audiencia celebrada a petición de la defensa, los abogados argumentaron que requiere de más tiempo para recabar información de las propiedades y estados de cuenta de más de 15 años de antigüedad, del ex mandatario.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Eugenio “N”, tuvo un incremento patrimonial injustificado y por tanto ilegítimo dado que no se pudo determinar el origen de los ingresos por 40 millones 967 mil 794.28 pesos, durante su función pública como diputado federal, alcalde y gobernador del 2000 al 2010, lo que quedó asentado en la carpeta procesal 237/2018.
La audiencia fue seguida por Eugenio “N” por video conferencia desde el Centro Preventivo y de Readaptación Social en San Mateo Atenco, en el Estado de México, acompañado por dos de los abogados que llevan su defensa; en tanto que en la sala de audiencia en Victoria los asesores legales, Javier López García y José Isabel Luna Chávez, estuvieron presentes.
El Juez Patricio Lugo Jaramillo, estableció el 5 de junio para que se lleve a cabo la audiencia para desahogar las pruebas de la Fiscalía y la defensa en este caso.
Eugenio “N”, fue detenido el 6 de octubre del 2017, acusado de Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita, según quedó asentado en la carpeta 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado.
Otro de los procesos que se le sigue es la extradición a Estados Unidos para ser procesado por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas.
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