Zona de Reflexión
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- Quiénes están detrás de la nueva agresión contra la periodista y defensora Lydia Cacho Ribeiro, quiénes están intentando silenciarla, nuevamente, a través de la violencia y porqué, son las respuestas que deben dar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
No hay que ir muy lejos, sino mirar hacia un ex gobernador poblano, hoy prófugo de la justicia tras la orden de aprehensión librada en su contra en el pasado mes de abril. Hay que tener memoria para recordar que el secuestro y tortura que vivió la periodista Lydia Cacho hace 14 años fue orquestado y ejecutado por las autoridades poblanas en complicidad con el empresario Kamel Nacif, también prófugo.
En abril pasado, un mandamiento judicial emitido por el primer tribunal unitario del vigésimoséptimo circuito, ordenó la aprehensión del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, del empresario Kamel Nacif, de Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, en 2005.
Ellos, entre otras autoridades y empresarios, orquestaron la detención de la periodista en diciembre de 2005, tras ser acusada de los delitos de difamación y calumnias, luego de que fue señalada por Kamel Nacif, El Rey de la Mezclilla, tras la publicación del libro “Los demonios del edén”, en el que Lydia documentó las redes de pederastia y pornografía infantil en la que participaban.
Hagamos memoria para entender que esta nueva agresión cometida contra ella, en su domicilio particular, sitio sagrado para Lydia, donde ingresaron para robar la información que ella tiene sobre sus investigaciones periodísticas de agresiones sexuales y las organizaciones criminales de trata infantil, son parte de una cadena de violencia en su contra desde hace 14 años. Una cadena que ha sido intermitente y constante, con altos costos para ella y su familia.
En diciembre pasado cuando se detuvo a Alejandro Rocha, agente ministerial de Puebla, quien participó en la detención y traslado terrestre de la periodista a lo largo de mil 500 kilómetros, la integridad de Lydia Cacho nuevamente se vio en peligro, las autoridades de la FGR lo sabían. Entonces ella aseguró que la construcción de un Estado de derecho será la verdadera transformación de este país.
Ese Estado de derecho es el que debe actuar ahora para garantizar la vida e integridad de Lydia Cacho y su familia, como la de todas y todos los periodistas que siguen bajo las agresiones de autoridades caciquiles, el gobierno actual está obligado hacer cumplir la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los Derechos Humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
¿Qué dejaron de hacer esas autoridades que permitieron la nueva agresión contra Lydia? Un “puñado de hombres cobardes que quieren destruir este país” y “que están huyendo de la ley” no pueden estar por encima de un país.
La impunidad es la puerta abierta a la repetición, lo dijeron desde 2010 los relatores de Naciones Unidas. Es esa impunidad la que ha permitido que durante 14 años Lydia Cacho sea violentada una y otra vez, por la omisión, inacción o complicidad de las autoridades.
Es la misma impunidad que ha asesinado a periodistas y personas defensoras, la que permite el hostigamiento del Ejército a las casas de migrantes como lo ocurrido en la Casa del Migrante de Saltillo.
Quienes están detrás de la nueva agresión contra Lydia Cacho son los mismos que la detuvieron el 16 de diciembre de 2005, la trasladaron durante 20 horas en carretera, la torturaron física y psicológicamente, abusando de su poder formal y de facto.
Ellos están ahora prófugos pero sus redes están aquí vivas, actuando en la sombra y hay que romperlas.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
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