El organismo presentó 6 denuncias penales contra 235 servidores públicos y 12 administrativas contra 140, por violaciones graves a derechos humanos en el “Caso Iguala”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó 6 denuncias penales contra 235 personas del servicio público y 12 administrativas contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal en ambos casos, derivadas de la Recomendación 15VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos en el Caso Iguala.
Las denuncias penales fueron presentadas el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De las 235 personas servidoras públicas denunciadas penalmente, 116 servidores públicos, 82 de orden federal y 34 del estatal que participaron en la investigación ministerial realizaron actos u omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar a la Representación del Interés Social de la Federación.
Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes (a) “El Chereje”, en las inmediaciones del Río “San Juan” de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014.
Asimismo, las 2 denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la entonces PGR, por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses “Costa Line” 2513 y “Estrella Roja” 3278, utilizados por los normalistas y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la referida
Un total de 119 personas servidoras públicas –114 del orden federal y 5 del estatal— fueron denunciadas por participar en actos de Tortura, trato Cruel, Inhumano y/o Degradante, Detención Arbitraria y otras Violaciones en los 65 casos en que este Organismo Constitucional Autónomo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso,y también a ellos se les denunció por en la vía administrativa.
Respecto del caso del señor Carlos Canto Salgado, con las pruebas que la CNDH contaba al momento de emitir la Recomendación 15VG/2018 acreditó que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por Detención Arbitraria, Dilación en la Puesta Disposición ante la Autoridad Ministerial y Trato Cruel, Inhumano y/o Degradante, por agentes de la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR y personal de la Secretaría de Marina.
Sin embargo, este Organismo Nacional conoció el pasado 21 de junio el video denominado “Verda siempre070619-La verdad histórica Ayotzinapa de carlos gomez arrieta”, difundido por diversos medios de comunicación, donde se observa que dicha persona fue sometida a actos de tortura, por lo cual dicho material que constituye prueba superveniente fue incorporado al expediente y, en consecuencia, se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de Tortura, para que tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden las responsabilidades del caso, para lo cual aportó un dictamen en materia Criminalística y una Opinión Técnica Médico-Psicológica.
Respecto de lo que esa persona narra, no obstante, las referencias que hace son indirectas, ello podría guardar relación y congruencia con la ruta de desaparición adicional de los normalistas descubierta por la CNDH que parte del “Puente del Chipote” de Iguala y que fue expuesta en su Reporte Preliminar del 14 de abril de 2016, lo que deberá ser determinado y confirmado por la FGR. Lo dicho por Carlos Canto Salgado en ese video no trastoca sino, por el contrario, va en el sentido de las conclusiones de la CNDH en su Recomendación.
De las 140 personas del servicio público denunciadas por faltas administrativas –131 del orden federal y 9 del estatal—, la autoridad competente determinará la responsabilidad de cada una.
Entre las denuncias aludidas, está la presentada contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y de 2 agentes de dicha corporación, por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el “Puente del Chipote” y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos, aspectos que se describen en el Apartado 14 de la
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