En el litigio que llevan contra el Congreso para detener la aplicación de la sanción por las llamadas broncofirmas.
Araceli Garza/15Segundosmx.com
MONTERREY | Un nuevo recurso interpusieron el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y Secretario de Gobierno Manuel González en contra del procedimiento de sanción que pretende aplicarles el Congreso del Estado.
El Secretario General de Gobierno, informó de la admisión del nuevo recurso pero ahora ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León quien otorgó una nueva suspensión contra el proceso de sanción y su ejecución .
“En la resolución de 25 de noviembre de 2019, bajo el expediente 1580/2019, la Segunda Sala Ordinaria admite el juicio contencioso administrativo en contra del Congreso del Estado, así como de la Comisión Anticorrupción del mismo, al no advertir una causal de improcedencia, a través del cual se reclama la ilegal constitución del Congreso como órgano administrativo sancionador, así como el ilegal procedimiento administrativo 11841/LXXXIV, en el cual se dictaron reglas especiales y privativas, resaltando además que siendo incompetente para ello, lleva a cabo actos materialmente administrativos, desconociendo la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León”.
La suspensión solicitada, publicó en su red social el funcionario que se consideró que “ el otorgarla no afectaría el interés social, no contravendría disposiciones de orden público ni tampoco quedaría sin materia el juicio, lo procedente era conceder dicha suspensión para el efecto de que las autoridades se abstengan de ejecutar cualquier medida provisional o sanción derivada de dicho procedimiento, en el cual se pretende sancionar a ambos servidores públicos”.
“La suspensión otorgada solo podría ser revocada o modificada en cualquier etapa del juicio ya sea oficiosamente o por petición de parte si varían las condiciones por las causales se otorgó o si se argumentan o demuestran hechos que nos e hubieran tomado en consideración.”.
Con esta medida, los servidores públicos del Poder Ejecutivo ya cuentan con tres suspensiones diferentes: dos otorgadas por la Suprema Corte de Justicia y ahora una adicional por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, imposibilitando en su conjunto que el Congreso ejecute medidas provisionales, sanciones o dictámenes en su contra hasta en tanto no se resuelva el asunto de fondo y el mismo cause estado.
Según el acuerdo, el Congreso tendrá 30 días hábiles para emitir su contestación, contados a partir del día siguiente de la notificación del mismo.
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