ZONA DE REFLEXIÓN
Por Lucía Lagunes Huerta
Por encima de la ley nadie
Cimacnoticias | ¿Qué haríamos sin las leyes? sin estos pactos sociales y políticos que hemos construido a lo largo de nuestra historia y los hemos plasmado en nuestros instrumentos jurídicos, desde nuestra Constitución hasta las recientes modificaciones de hace dos días en la cámara de Diputados para incrementar las penas por feminicidio.
Esto es parte del pacto social que nos hemos dado, un marco que nos norme y que norme a los que nos gobiernan.
Y en ese acuerdo a lo largo de la historia, y mucho más fuerte a partir de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres ampliaron dos principios fundamentales: de no discriminación y de igualdad; y crearon los instrumentos jurídicos necesarios para proteger su vida e integridad a lo lago de su ciclo vital, desde la década de los 70 en la que se modificó la Constitución para reconocer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, hasta el 2011 donde la Constitución se convierte en garante de los Derechos Humanos y mandata a TODAS las autoridades a que, dentro de su competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los Derechos Humanos, por lo que en consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos.
Éste es el marco jurídico mayor que nos protege a todas y todos sin distinción alguna, y cumplirlo es fundamental, más en estos momentos que pareciera que las autoridades no saben qué hacer para garantizar la vida y la integridad de las mujeres.
No hay necesidad de ocurrencias ni decálogos matutinos, hay que cumplir con el Estado de derecho al que se comprometió el actual presidente de la república. Recordemos su frase: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Y él no puede estar por encima de la ley.
Por ello debe poner el ejemplo y no fallarle a sus ciudadanas.
Desde 2007, en este país contamos con Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata la coordinación entre la federación y las entidades federativas para pevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Entre los instrumentos que deben crearse está el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; pendiente de elaboración desde hace 13 años, de los cuales, 2 le corresponden al actual gobierno. Y eso no se suple con buenos deseos.
Estamos ante una emergencia nacional, ¡desde hace más de un año! La misma que provocó la brillantada, la misma que mantiene en las calles a las mujeres exigiendo que se cumpla la ley.
Recordemos que por eso en noviembre de 2019, se firmó en Palacio Nacional el “Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, donde se aseguró que no habría machismo. Muchas de las generalidades que se dieron a conocer ese día, continúan sin ser públicas.
El Estado de derecho implica no sólo tener las leyes sino aplicarlas, contar con verdaderas instituciones que estén dotadas con todo lo necesario para hacer cumplir su mandato.
En estos días la violencia criminal contra las mujeres ha dejado en evidencia la ineficacia y negligencia del Estado para cumplir con una de sus primeras obligaciones: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanas.
Pero también ha constatado que esas instituciones que creó el movimiento feminista o que exigió para proteger y respetar sus Derechos Humanos fueron abandonadas, o simplemente dejadas en la inanición.
La violencia feminicida que hoy nos ha estallado en la cara es reflejo de ese abandono estatal que por años dejó de cumplir con su obligación.
El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no fallar a la población mexicana. Por ello no lo puede hacer, no puede traicionarse y traicionar a la ciudadanía, es necesario fortalecer a las instituciones que están obligadas a hacer cumplir la ley no sólo con recursos financieros, sino con el personal con las más altas calificaciones para cumplir las encomiendas del encargo, con los mejores instrumentos al alcance para que no haya ninguna excusa.
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