ZONA DE REFLEXIÓN
Por Lucía Lagunes Huerta
La pandemia de la democracia
La protesta es una expresión social legítima. Una vía que usa la población para hacerse oír, muestra sus desacuerdos y hacer llegar sus exigencias.
Los gobiernos democráticos usan el diálogo como vía de solución, sin embargo, cuando se recurre a la brutalidad policial y a la criminalización de la protesta, hay que encender los focos rojos porque estamos ante instituciones y gobiernos autoritarios y esa, es la pandemia de la democracia que no hay que dejar pasar.
Nos debe preocupar que en una semana en tres entidades federativas con gobiernos de filiaciones partidarias distintos, se tenga como puntos comunes la brutalidad policial y la criminalización de la protesta. Me refiero a Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo.
Solo para tener en la memoria el recuento de los hechos: en Jalisco la brutalidad policial quito la vida a Giovanni López, lo que llevó a la movilización social que ha sido reprimida en la entidad.
En la Ciudad de México, Mélani Martínez Uribe, adolescente de 16 años fue golpeada por la policías mientras participaba en la movilización que exigía justicia para Giovanni.
En Puerto Morelos, Quintana Roo, una manifestación que defendía el parque principal fue reprimida por la policía con brutalidad.
Vale la pena subrayar, que son las defensoras y feministas quienes más estigma están enfrentando.
La brutalidad policial es uno de los indicios de la pandemia autoritaria en la democracia, el segundo, es la criminalización de la protesta, la cual puede ocurrir antes, durante o después de la represión.
Acusarte de comunista en la década de los sesenta era suficiente para justificar cualquier barbarie. En la actualidad señalarte como anarquista, encapuchada o feminista, se ha colocado como sinónimo de vandalismo y violencia.
Estos señalamientos generan en la sociedad, un rechazo inmediato y la justificación del actuar policial en muchos casos; además, debilita el derecho a la protesta de la sociedad, como parte de su expresión política.
Incluso desde los medios de comunicación se refleja la tendencia de la criminalización de la protesta social, ya sea por mala práctica periodística, por sensacionalismo o por tendencia editorial. Cualquiera que sea la razón, daña.
La responsabilidad debe estar presente en todos lados, por ello, es importante el llamado que hacen desde Jalisco las 500 organizaciones, personas defensoras y académicas sobre nuestro actuar periodístico, para evitar sumar odios en lugar de dotar de elementos que permitan la reflexión de la sociedad.
Especialmente en este país con vergonzosos índices de asesinatos de personas defensoras señalarlas como responsables de la violencia en las movilizaciones, las coloca en alto riesgo.
La criminalización de la protesta también desvía la atención de las demandas centrales, las policías no actúan solas, hay una cadena de mando que debe ser investigada y sancionada, en su caso, por las agresiones cometidas.
La policía es responsabilidad de las y los gobernantes, quienes están obligadas a garantizar el actuar policial apegado a Derechos Humanos y a la ley. No es suficiente rechazar las acciones violentas, sin trasformar el actuar policial de raíz. Con todos los bemoles y las imperfecciones que puede tener, la casa de la democracia debe seguir siendo nuestra y para cuidarla hay que cerrar la puerta al autoritarismo.
Con todos los bemoles y las imperfecciones que puede tener, la casa de la democracia debe seguir siendo nuestra y para cuidarla hay que cerrar la puerta al autoritarismo.
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