Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | El Congreso del Estado sumó una nueva derrota jurídica, luego que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa declaró fundada la denuncia que el magistrado Ángel Mario García Guerra interpuso en contra de los 42 diputados por no haberlo ratificado en el cargo.
Con esta nueva resolución, la situación para los 42 legisladores se complica aún más ya que en caso de salir culpables la sanción sería mayor.
Cabe recordar que esta denuncia en contra del Poder Legislativo fue puesta por el afectado el pasado mes de febrero, situación que se venía repitiendo desde dos años atrás.
“Se declara fundada la denuncia de repetición del acto reclamado que formuló Manuel Arnaud Gil, abogado autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria”, señala la resolución publicada este martes por el juzgado.
En el expediente, García Guerra menciona que en repetidas ocasiones, los legisladores negaron su ratificación al cargo por otros 10 años sin tener fundamentos.
Ya que las pruebas presentadas por la legislatura pasada fueron desechadas por el juez que llevó el caos.
Todo el problema inició hace tres años luego de que García apareció en un video en el que explicaba cómo introducir bebidas alcohólicas en un frasco de perfume en una fiesta en Texas.
Esta situación fue factor para que los legisladores, encargados de ratificar a los magistrados, votaran en contra para que García renovara en el cargo, cuyo primer periodo concluyó en 2018.
García Guerra se inconformó y se amparó, el paso del tiempo un juez le dio la razón y ordeno su ratificación al cargo de magistrado, pero los diputados se negaban hacerlo, hecho que provoco el procedimiento de desacato por no respetar la ley.
De concretarse la responsabilidad de los diputados, estos y de acuerdo con el Artículo 267 de la Ley de Amparo se impone una pena de 5 a 10 años de prisión y la destitución e inhabilitación por el mismo tiempo para desempeñar cargos públicos cuando se repita el acto reclamado. El jueves pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa hizo público el proyecto judicial enviado a la Suprema Corte de Justicia.
En la propuesta se pide destituir a los 42 Diputados del Congreso de Nuevo León por incumplir hasta en ocho ocasiones la resolución que ordenaba la restitución del magistrado García.
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