Perla Reséndez
REYNOSA, Tam. | Otras nueve víctimas de la masacre ocurrida el pasado 22 de enero en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo, fueron identificadas, todos ciudadanos guatemaltecos.
La Fiscalía de Tamaulipas, informó que las labores del equipo de especialidades forenses, logró establecer plenamente la identidad de los cuerpos que corresponden a Mádelyn E. “G”, Bramdon D. “G”, Rubelsy E. “T”, Santa C. “G”, Anderson M. “P”, Iván G. “P”, Osmar N. “M”, Paola D. “Z” y Dora A. “L”.
Ayer viernes 05 de febrero, se habían identificado a Adán “C”, Ribaldo D. “J” y Edgar “L”, y el 30 de enero, se informó la identificación de Élfego Roliberto “M” y Martín Alberto “T”, también de Guatemala, así como dos más de Nuevo León y San Luis Potosí.
Hasta el momento, se han identificado un total de 16 personas, las cuales son dos de nacionalidad mexicana y 14 ciudadanos de Guatemala, quedando pendiente la identificación de tres más.
Para dos de ellos, se está en espera de que sea enviada la información complementaria de los perfiles genéticos de los familiares para el adecuado procesamiento; y en el restante se aguarda que familiares faciliten muestras de ADN para su confronta.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continua con las investigaciones y las labores para la obtención de ADN, en colaboración con autoridades de Guatemala.
Por estos hechos, fueron detenidos 12 policías estatales, ocho de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales, quienes habría tenido participación en la muerte e incineración de 19 personas en Camargo el pasado 22 de enero, cuyos cuerpos (15) fueron encontrados en la caja de una camioneta, con 113 impactos de bala, dos más en la cabina de la misma y otros dos cerca de la puerta del piloto y copiloto.
El Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que con base en las investigaciones, se estableció la participación de grupos criminales que operan en la región, por el control de la misma y el tráfico de migrantes.
Los 12 policías detenidos, fueron acusados por el Ministerio Público de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad y será el próximo 8 de febrero, cuando un Juez de Control determine su vinculación o no a proceso.
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