Por: Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó a la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey un endeudamiento por mil 250 millones de pesos para la construcción de la Presa Libertad en Linares Nuevo León.
Al momento de someter a votación el dictamen, este obtuvo 36 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.
Los diputados que decidieron abstenerse fueron la diputada del Partido Verde, Ivonne Bustos Paredes, la morenista Mirna Saldívar Villalobos, y los legisladores de Movimiento Ciudadano Tabita Ortiz y Horacio Tijerina.
Con la aprobación, el gobierno del estado tendrá los recursos para seguir llevando a cabo la construcción de esta importante obra que permitirá el abastecimiento de agua potable al área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey.
De tal forma que ahora Agua y Drenaje de Monterrey podrá celebrar durante el 2021 y 2022 una o más operaciones de crédito.
Sin embargo, los legisladores fueron claros al señalar que el endeudamiento lo deberá de cubrir la paraestatal con recursos propios.
“Será para la adquisición de mobiliario y equipo para su operación, así como el pago de los estudios previos o preliminares, adquisición de terrenos, proyectos, asesorías en materia financiera, jurídica, ambiental y gastos vinculados a dicha obra, así como las acciones de inversión complementarias conforme a los rubros que correspondan a la legal definición de inversión pública productiva y conforme al programa de inversión que autorice el Consejo de Administración de «SADM”.
Se aprobó también que el pago del financiamiento será a un plazo de 25 años contados a partir de la fecha de la celebración.
Y la dependencia de AYD tendrá la obligación de incluir en su presupuesto de egresos las partidas.
Así como los montos necesarios para el servicio de la deuda adquirida, los gastos y costos directamente a la misma.
“Se autoriza que la disposición de los financiamientos autorizados se realice durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022 conforme a las necesidades de disponibilidad de recursos a efecto de cumplir con la normatividad en materia de presupuesto y control del gasto, en cuyo caso, la diferencia entre los rendimientos percibidos y pagados por disposiciones anticipadas a la ejecución de las obras serán considerados costos asociados al financiamiento”, determina el dictamen.
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