Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY I Para la consulta nacional que se llevará a cabo el próximo primero de agosto en Nuevo León, el Instituto Nacional Electoral informó que utilizarán las mismas medidas protocolarias de sanidad que se usaron durante el pasado proceso electoral.
Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local aseveró que buscan garantizar la salud de las personas que acudan a emitir su voto.
Dijo que estará atento a las recomendaciones de Salud, ya que es consciente que el repunte de contagios podría afectar la participación ciudadana en la consulta.
“Estamos preparándonos para implementar medidas sanitarias para que los ciudadanos estén tranquilos y seguros, y así evitemos contagios, será la propia Secretaría de Salud que determine si se maneja algún tipo de restricción el día de la consulta”, indicó.
El funcionario está a la espera de más recursos para el equipamiento sanitario que tendrán que instalar.
Para la consulta, el órgano electoral informó que en Nuevo León instalarán 2 mil 521 mesas receptoras.
Estas serán instaladas en puntos específicos de Nuevo León, de acuerdo con la estrategia el 78.58 por ciento en escuelas públicas, 8.21 por ciento en lugares públicos, 6.66 oficinas públicas y 6.55 por ciento en domicilios.
En las mesas receptoras habrá 12 mil 605 funcionarios, cada una tendrá un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes.
“Se está haciendo una reconfiguración a nivel territorial, esto significa que ahora estamos manejando unas unidades territoriales que pueden contener una, dos, tres o cuatro secciones electorales”.
“En cada mesa receptora se van a recibir las opiniones de alrededor de 2 mil ciudadanos, se va a garantizar que toda la ciudadanía de la entidad puedan ejercer este derecho de participar en la consulta popular y emitir su voto”, manifestó Rubén Vázquez, de Organización Electoral del INE.
La consulta iniciará a las 8:00 y concluirá a las 18:00 horas, y podrán participar todos los ciudadanos con credencial de elector.
En la consulta se preguntará si se deben o no emprender acciones para esclarecer hechos y decisiones de actores políticos que podrían haber generado afectaciones a víctimas.
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