Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
MONTERREY | Nuevo León y Tamaulipas se encuentran entre las 5 entidades federativas con mayor número de personas sujetas a investigación o bajo proceso judicial por el delito de aborto, y cuya situación jurídica deberá ser revisada para que tengan acceso a la justicia luego de que la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo de manera absoluta.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que, entre enero y julio de este año, suman 432 carpetas de investigación procesadas en contra de personas por el delito de aborto en 27 estados del país.
Destacan el Estado de México, con 93 casos, Nuevo León con 67; y la Ciudad de México con 52 casos. Estas tres entidades concentran el 49 por ciento de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año.
En este listado le siguen Tamaulipas con 28 casos, Querétaro con 22, y Baja California y Guanajuato con 18 casos cada uno.
También se ubicaron los estados de Hidalgo con 15, Veracruz con 14 y Michoacán con 13. Además de Aguascalientes y Sonora con 10 casos cada uno; Baja California Sur y Morelos con 7 casos cada uno; Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí con 6 casos cada uno; Zacatecas con 5 casos; Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco con 4 casos casa uno; así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit con 3 casos cada entidad.
El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, y su postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano afirmó que las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, deben coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar.
“Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación”, insistió al hacer un llamado para que las autoridades hagan lo necesario para evitar la criminalización y revisar estas carpetas de investigación ya identificadas.
Human Rigths Watch ha reconocido que las mujeres que son encarceladas por el delito de aborto viven en condición de pobreza, y en cuyos procesos penales suelen sufrir violaciones al debido proceso y, que en general, no tienen acceso a una representación legal.
En ese contexto, el pasado 8 de septiembre del presente año, el ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública brindará asesoría, representación y defensa a las mujeres procesadas o encarceladas por el delito de aborto.
Coincidió que el delito de aborto castiga la pobreza «Las que están en las cárceles son las niñas y las mujeres pobres. Las niñas y mujeres ricas aunque siempre han abortado nunca han ido a prisión».
Consideró que la resolución de la Corte es mérito de una lucha de muchos años de las mujeres por sus derechos y también es “un homenaje a las mujeres que han muertos en abortos clandestinos, a todas las que tuvieron que soportar prisiones injustas, a todas las mujeres que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos”.
Y si bien, la resolución de la Corte constituye un avance histórico, la lucha de muchos años del movimiento organizado de mujeres y las feministas aún no termina. Queda camino por recorrer para lograr el acceso efectivo al aborto consentido en México.
Un ejemplo de ello, son los códigos penales y leyes de 28 estados de la república, donde todavía está penalizado el aborto, con sanciones que van de 15 días a 6 años de prisión, multas, o trabajo comunitario, y que ahora los Congresos Locales deberán derogar por ser contrarios a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales suscritos por México.
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