OPINIÓN PÚBLICA
Affaire de prófugos del gis
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Rigoberto Guevara Vázquez, dirigente magisterial de la sección 30, habló fuerte en torno al reparto corrupto de plazas magisteriales, que se asignaron entre el grupito que controla la secretaría de Educación.
En el affaire sale a relucir hasta la esposa del jefe de la SET, Alejandra Cantú González, como una de las que parten el queso para beneficiar a amigos, compadres y por supuesto cómplices, ello en perjuicio de quienes llevan toda una vida matándose en el aula.
Las redes sociales –desde el anonimato- se han encargado de denunciar el reparto selecto entre funcionarios.
No han llegado al “año de Hidalgo” y tomaron ya por su cuenta las claves más jugosas, contraviniendo las Leyes y convocatoria de beneficiar a quienes se ganaron a pulso la recompensa.
La denuncia dice que Mario Gómez Monroy, “sigue entregando plazas de educación normal a funcionarios de la SET” haciendo un lado al sindicato y los derechos por concurso.
Anunció Rigoberto que, “al detectar serias irregularidades”, como reservar las mejores direcciones para funcionarios de la secretaría, el proceso fue detenido para hacer una minuciosa revisión. Será hasta el 22 de noviembre cuando se tomen decisiones, aparte de la lista de 70 que este mismo miércoles dijo que enviarían
Son los prófugos del gis que hacen su agosto para eternizarse en el sistema educativo.
No de ahora sino desde el 2016 la corrupción chorrea en la dependencia. La misma jefa de correr el procedimiento de reasignación, Evelia Dolores Estrella Hernández –hermana de Gilberto, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno- es producto de un “dedazo”. Sin tener carrera alguna, la nombraron jefa del USCAMM (Sistema de Carrera).
De aquí a noviembre, según Guevara, van a revisar caso por caso para hacer las promociones de plazas, por capacidad, preparación y categoría académica.
Como lo denuncian los propios maestros a través de redes, ahí se encontrará que ya tienen tiempo completo Francisco Mendoza Cuevas, director del Centro Estatal de Tecnología Educativa; Víctor Hugo Segura Pecina, Subsecretario de Administración, y Ricardo Rodríguez Rey, director de Informática.
Denuncian que una plaza privilegiada le concedieron a Jaime Araciel Vega García, el “secretario privado” del jefe Gómez Monroy.
Les falta un año para irse y ya tiran manotazos. Traían hambre desde que llegaron de Reynosa ¿qué no harán en el 2022?.
En verdad que han pisoteado a la base magisterial y al gremio. Convocaron a concursar 124 plazas con funciones de dirección y 35 de supervisión, que deberían entregarse a profesores que han tomado el gis. En lugar de, las “apartaron” para ellos y su gente.
Es lo que irrita a los profesores en contra de Gómez y el gobierno panista. La reglamentación dice que los beneficiarios deben ser profesores con carrera y grado académico en docencia “con cuatro años mínimo frente a grupo o cinco de supervisión en secundaria y 24 horas semana/mes en educación tecnológica”.
El botín es grande: 159 plazas bien pagadas, parte de las cuales ya se apropiaron sin haber dado una clase en aula y sin carrera ¿y los que fueron a examen?.
Querido lector, para darle una idea de lo suculento del pastel que no quieren dejar ir, es necesario decir que hay 46 direcciones de primaria y 15 subdirecciones de gestión del mismo nivel.
Once direcciones de segundaria técnica y seis subdirecciones, ocho de educación especial y tres de Cendis y así por el estilo.
Hay supervisiones de secundaria y primaria y otras jefaturas que se entiende pasaron a concurso para los más aptos, aquellos que sienten la pasión por la enseñanza.
Es más, la reglamentación dice que esas chambitas se deben entregar a quienes laboran “en alguna zona de marginación, pobreza y descomposición social” según las evaluaciones del Coneval.
Tiene razón Rigoberto al ordenar que se detenga el proceso –se entiende ya terminado- para verificar a manos de quién van a ir a parar las plazas.
Desde que llegó el PAN al poder ha sido una constante de enfrentamientos con el gremio. Para empezar retiraron a su gente de los mandos departamentales que habían “conquistado” en los últimos gobiernos priístas.
Luego “dedearon” a gente sin experiencia, ajena a las tareas magisteriales, en un aparente reto hacia el sector pedagógico y los derechos sindicales.
En otros asuntos, vaya que tiene trascendencia el acuerdo del pleno del Senado, a propuesta del paisano Américo Villarreal Anaya, para prevenir y salvar vidas por ataques cardiacos en oficinas públicas y empresas privadas.
La adición a la Ley General de Salud obliga a gobiernos municipales, estatales y federal –aparte de empresas- a instalar áreas exclusivas con desfibriladores automáticos externos para casos de emergencia, “que no tienen un alto costo” como dijo el senador. Andan entre 25 mil y 40 mil del águila.
Es equipo que ya deberían tener Palacio de Gobierno y las secretarías, aparte de ayuntamientos y descentralizados, para salvar vidas. Las cardiovasculares siguen matando a más gente que el Covid.
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