Panelistas que participaron en el Webinar «NOM 237, ¿golpe a la educación de nuestros niños?”, organizado por la Coparmex, coincidieron en que la norma que pretende sobrerregular a las escuelas particulares no debe existir, pues representa una grave afectación al derecho a la educación de la niñez y juventud.
Destacaron que la NOM 237, propuesta por la Secretaría de Economía (SE) y que actualmente se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para su análisis y consulta pública, limitaría el derecho a decidir de los padres de familia y pondría en riesgo de cierre a por lo menos 18 mil planteles educativos privados.
En su mensaje de bienvenida a más de 400 personas participantes en el webinar, el presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza sostuvo que “carece de sentido” que las instituciones de educación privada sean consideradas como entidades mercantiles y estén sujetas a una regulación adicional, toda vez que ya son reguladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Llamó a las personas afectadas por la eventual aprobación de la norma a manifestar sus argumentos ante la CONAMER a través de la consulta pública que estará disponible hasta el 15 de noviembre próximo a fin de que no se apruebe como está propuesta.
María Rebeca Félix, directora ejecutiva de operaciones y abogada general de Coparmex, subrayó que la educación se considera un servicio público, sujeto a la rectoría del Estado y “no se refiere a un acto mercantil, como pretende formalizar la norma”, por lo que está rebasando su competencia ya que “el servicio educativo no puede equipararse a un acto comercial.
Respecto a la sobrerregulación que esta norma traería al sector, Rebeca Félix comentó que el artículo 3ero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y la Ley General de Educación facultan exclusivamente a la SEP para regular en materia educativa, por lo que la norma en cuestión, al ser emitida por la SE, invade competencias.
Comentó que esta regulación genera, además, costos adicionales para uno de los sectores más afectados por la crisis causada por la pandemia. Durante 2020, se perdieron 117 mil empleos formales del sector, de los cuales aún quedan por recuperar más de 67 mil. Más aún, con datos de la SEP se puede estimar que del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021 cerraron más de 1,200 instituciones particulares de educación básica.
Por su parte, Itzel Carmona Gándara, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos sostuvo que la NOM 237 representaría un artero golpe a la economía, además de que introduciría la “querulancia” donde la ciudadanía al no saber qué hacer -por la excesiva regulación en esta situación- caería en el incumplimiento de sus responsabilidades.
Carmona Gándara agregó que, en un escenario conservador, con un modelo de escuela hipotético diseñado por la Federación de Escuelas Particulares, más de 18 mil planteles, a días de entrar en vigor la norma, estarían tomando decisiones de cierre, con una afectación aproximada de 640 mil personas de las cuales 540 mil serían niños y jóvenes y que los padres “se quedarían en la angustia de no poder elegir a donde llevar a sus hijos con la libertad que se verá trastocada”.
Por su parte, Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, hizo un recorrido acerca de las implicaciones de esta norma, donde dijo es fundamental que se contribuya para que ésta no llegue a su fin por lo que han colocado el HT #NoalaNOM237, pues consideran va contra el bien superior de la educación.
Explicó que el origen de la NOM 237 se encuentra en la presentación de más de 4 mil quejas, que representan el 0.8 por ciento del total de los educandos en el país, por lo que la SE y Profeco decidieron implementarla. “Como UNPF, la representación de 84 mil padres, en 30 estado de la república, pues considero que la NOM está atentando contra el servicio público de interés social como es la educación, porque ya lo comentaron Itzel y Rebeca, va a existir una sobrerregulación”.
Además, explicó que toda vez que será una empresa particular la que deberá hacer las certificaciones de las escuelas privadas, se podrían presentar incrementos en costos para padres de familia y casos de corrupción. “Cuántas empresas tendrán que existir para, en dos años, certificar a toda la escuela particular, por eso traerá corrupción, porque será un tercero el que va a certificar y normar a escuelas particulares, ahí yo veo, como padre de familia que puede haber corrupción”.
Cuestionó a la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez: “las regulaciones son solo para las escuelas particulares, la pregunta ¿y las escuelas públicas no son sujetas de regulación? Porque en función de los números que estoy dando, vemos que existen muchas limitaciones y que desafortunadamente la SEP no ha estado hasta este momento a la altura para poder otorgar una educación con calidad”.
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