Por Arturo Rosas
CIUDAD VICTORIA I La Secretaría de Gobernación debe aplicar “una estrategia y mecanismos urgentes” para controlar y reducir el flujo ilegal de 56 mil 231 migrantes que están llegando a los municipios fronterizos de Tamaulipas desde el 2018, informó la diputada Mirna Edith Flores Cantú.
Solo entre el mes de enero a octubre de este año, el flujo migratorio ilegal en Tamaulipas aumentó en un 431 por ciento y están en condiciones de hacinamiento grave que debe atender el gobierno federal.
La diputada de Acción Nacional, destacó que el Instituto Nacional de Migración registra un acumulado de enero a octubre del 2021 a 15,101 migrantes sólo en este municipio, representa el 69% del total de la entidad, teniendo un incremento del 431% con respecto al 2018 que fueron 2,842.
“El gobierno del Estado y los municipios han hecho esfuerzos extraordinarios por atenderlo con base en su disponibilidad presupuestal, sin embargo, el gobierno central a pesar de acrecentarse esta problemática ha mostrado indiferencia en su atención mediante los recortes presupuestales y programas de apoyo a migrantes que han desaparecido en los dos últimos años”.
Flores Cantú, destacó que en la última década la movilidad humana ha aumentado y se han hecho más visibles los riesgos y violaciones que enfrentan las personas a lo largo de las rutas migratorias.
Dijo que Tamaulipas, por su situación geográfica aglutina al 10% de las personas migrantes centroamericanas que buscan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos y que terminan asentándose en nuestro territorio.
Con ello, la responsabilidad ha sido endosada al Estado y los municipios para poder atender a miles de inmigrantes que el Gobierno Federal permitió entrar al País y que, hasta la fecha, pasa por alto, la estancia ilegal en México.
“Son millones de pesos mensuales que se gastan solamente en lo que se refiere a sus necesidades más básicas como son los alimentos, dormitorios y medicinas, entre otros”.
A pesar del crecimiento desproporcionado de la llegada de los migrantes, el gobierno federal en los dos últimos años ha reducido considerablemente los recursos que se destinaban a autoridades migratorias para dar refugio a migrantes, combatir la discriminación, erradicar la violencia contra las mujeres o atender los derechos de la infancia de migrantes y ha sido el Estado y Municipios quienes hacen los gastos.
Según cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, cuatro de cada diez migrantes detenidos en la frontera en las últimas semanas es de origen mexicano. El resto son centroamericanos y más reciente, haitianos. La mayoría de estos que son deportados terminan en la frontera de Tamaulipas.
De enero a octubre del presente año,189,621 mexicanos han sido deportados, de los cuales 21,968 han sido por las fronteras tamaulipecas en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.
Sin embargo, el Gobierno Federal ha retirado diversos apoyos a connacionales migrantes que son deportados, como lo eran los programas sociales denominados Migrantes 2X1, becas educativas para los hijos de los repatriados.
“El grave problema migratorio del país tiene un origen y va más allá de la competencia que tienen los municipios y los Estados de brindar atención a los migrantes, pues los recortes presupuestales de la federación para este ámbito y las ineficientes políticas de control en los flujos migratorios rebasan la capacidad institucional del Estado y de los municipios fronterizos de Tamaulipas”.
Ante ello, propuso un exhorto para que la Secretaría de Gobernación aplique una estrategia para contener el paso de migrantes y la Secretaría de Relaciones Exteriores haga las gestiones diplomáticas necesarias para evitar que México sea convertido en Tercer País Seguro, ya que dicha situación vulnera nuestra soberanía.
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