Por: Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY, N.L. | Con el objetivo de garantizar la participación ciudadana y la representatividad de la población en la segunda vuelta de la reforma constitucional, la bancada de Morena presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local, un listado de más de 400 grupos ciudadanos entre sindicatos y organizaciones que podrían participar en mesas de trabajo de la propuesta del ejecutivo estatal.
También estarían invitando a las reuniones organizaciones no gubernamentales y fundaciones, colectivos, cámaras empresariales, universidades, investigadores jurídicos y medios de comunicación.
El diputado Morena, Waldo Fernández, dijo que el objetivo de esta es conocer las necesidades de diversos grupos de la sociedad neolonesa para que las mesas de diálogo que lleve a cabo la comisión sean verdaderamente representativas y no sea una visión de un sólo grupo, dijo el legislador. La lista, remarcó, es enunciativa pero no limitativa.
“Se deben contar con especialistas en materia constitucional y de técnica jurídica, lo anterior para que la propuesta que se someta a consideración sea un documento legislativo que colme todas las exigencias de una Ley Fundamental, que sea un instrumento jurídico ordenando y de vanguardia”.
También mencionó que es importante poner énfasis en los temas novedosos en la reforma a la Constitución como el derecho a la ciudad, a la buena administración pública y a la gestión pública, como también fortalecer las bases constitucionales de combate a la corrupción e incluir el tema de las licitaciones públicas.
Waldo Fernández, dijo que debe quedar claramente establecida la obligación del Estado de proveer los derechos que se contienen en la propuesta, es decir, señalar que se deberán presupuestar recursos para tal efecto.
“Sugiero que se ponga énfasis en los temas que son novedosos en la Constitución como el derecho a la ciudad, a la buena administración pública y a la gestión pública”.
“Igualmente es importante fortalecer las bases constitucionales de combate a la corrupción, por lo que sería importante que se incluya el tema de las licitaciones públicas”.
“Debe quedar claramente establecida la obligación del Estado de proveer los derechos que se contienen en la propuesta, es decir, señalar que se deberán presupuestar recursos para tal efecto”, indicó.
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