INTRÍNGULIS
Por Juan Carlos López Aceves
Votar sin celular
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, realizada por el INEGI entre agosto y septiembre de 2020, a personas de 15 o más años, en 25,113 viviendas, el 52.3% consideró como “muy frecuente” la compra del voto y el 26.4% como “algo frecuente”.
Además, la ENCUCI 2020 señala que, el 45.9% dice que es “muy frecuente” que el Gobierno utilice recursos públicos para favorecer al PAN, PRI, MC y demás partidos en el poder, y el 30.1% que es “algo frecuente”, en tanto que, 41.8% señala como “muy frecuente”, que los “ricos compran las elecciones” y el 29.9% como “algo frecuente”.
Como se puede apreciar, estos porcentajes confirman el poder que tiene el dinero, para decidir quién gana o pierde un cargo de elección popular, y lo que esto significa para la calidad de nuestra democracia.
Usted me puede decir con toda razón, que la ENCUCI 2022 descubre el hilo negro y que estas prácticas que corrompen la voluntad popular, es el pan de cada elección y sucede por la enorme desigualdad social que padece nuestro país, de la cual se aprovecha la clase política mexicana.
Pero no por esta razón nos vamos a cruzar de brazos, aplicando de manera acomodaticia el “laissez faire, laissez passer”, volteando la mirada hacia otro lado para que el estatus quo se mantenga.
SANTIAGO NIETO CASTILLO, ex titular de la UIF y antes de la FEPADE, ha escrito en su libro, “Sin filias ni fobias”, que el problema principal de nuestra democracia, no está en el escrutinio y cómputo, sino en cómo llegan los votos a las urnas, en una clara referencia al dinero público y privado, aplicado a la movilización del electorado el día de la jornada electoral.
Igualmente, la ENCUCI 2020 señala que, el 85.2% de las personas fueron testigo de cómo el PAN, PRI, MC y demás partidos, dieron dinero a cambio del voto, y un 87.6% afirman que el trueque fue por un regalo. En esta misma sintonía, señalan al funcionariado nacional o a la autoridad: 40% por dinero y 37.1% a cambio de un regalo.
Viene a cuento lo anterior, porque la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA, presentó un punto de acuerdo durante la sesión de esta semana, mediante el cual solicita al Instituto que preside, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, así como al que encabeza JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, para salvaguardar la secrecía y efectividad del sufragio.
El exhorto de la diputada, es para que el INE y el IETAM, implementen una serie de medidas para garantizar el derecho al voto libre y secreto de los y las tamaulipecas, “prohibiendo el acceso de celulares o cualquier otro artículo electrónico al momento de emitir el sufragio, a fin de evitar que se vean coaccionados a documentar a través de una fotografía el ejercicio del voto en favor de determinado partido político, lo que constituye un delito electoral”.
Sesión de la LXV Legislatura, en la que el diputado, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, colocó el acento en proteger el interés superior de la niñez, en tanto que, la diputada NANCY RUIZ MARTÍNEZ, propuso reformar la Ley de Adopciones de Tamaulipas, para permitir que las parejas que conforman un matrimonio y las parejas del mismo sexo, puedan adoptar.
Ya veremos que dice la bancada del PAN a la iniciativa de la ex diputada de MORENA, a quien le batearon su propuesta de reformar el Código Civil, con la finalidad de incluir los matrimonios igualitarios en Tamaulipas.
Por lo pronto, en esta misma sesión, GABRIELA REGALADO FUENTES y el resto del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto de acuerdo dirigido al fiscal general, IRVING BARRIOS MOJICA, para que se suspenda la persecución política en contra de las mujeres y así evitar una “revolución feminista y de género” en Tamaulipas.
En tanto que el diputado, HUMBERTO PRIETO HERRERA, propuso reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para que el Instituto que dirige MARIA ELENA FIGUEROA SMITH, lleve el Registro Estatal de Personas Sancionadas, por violencia de género contra las mujeres y niñas de Tamaulipas.
También la bancada guinda, promovió en esta sesión la comparecencia del secretario de Educación, MARIO GÓMEZ MONROY, para que rinda cuentas ante el Pleno Legislativo, sobre el destino de los recursos observados en la Cuenta Pública Federal de 2020.
Mientras que la bancada del PAN, involucró al Instituto Electoral que preside JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, para que “investigue” si en la visita al Senado de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el candidato obradorista cometió alguna falta a la normatividad en la materia.
Destaco que, sobre la propuesta de la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA, el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sanciona con prisión de 3 meses a 6 años, y multa de 50 a 100 días, a quien solicite votos por paga o promesa de dinero (Fracción VII) y a la persona que exija evidencia del sufragio (Fracción VIII).
Finalmente, y a propósito de la elección que puntea AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, la ENCUCI del INEGI señala que, el 80.3% de las y los mexicanos, están muy de acuerdo y algo de acuerdo, en que “el voto sirve para que haya un mejor gobierno”, en tanto que 30 de cada 100 personas, consideran que el sufragio no es secreto.
Ojalá se denuncia ante la FEPADE, la compra y evidencia del voto.
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