CIUDAD VICTORIA | El gobierno de Tamaulipas basificó a más de 500 servidores públicos, adscritos a la FGJT que laboraron de manera irregular durante todo el sexenio; una publicación en el Periódico Oficial del Estado puso en evidencia que a unos días de concluir su mandato, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Fiscal Irving Barrios tratan de dar sustento legal a esta dependencia.
En el periódico Oficial del estado número 109 del martes 13 de septiembre se publicó el Acuerdo 16/2022 del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por el que se determina que 552 servidores públicos de carácter sustantivo de la Fiscalía que no forman parte del servicio profesional de carrera, se incorporen al mismo.
El acuerdo pretende “regularizar” la situación de 552 personas entre agentes del Ministerio Público, policías, peritos y facilitadores, que no estaban incorporados al Sistema Profesional de Carrera.
Personal consultado al respecto, explicaron que la medida resulta en contrasentido, pues el considerando Décimo Primero (el cual pretende ser uno de sus justificantes) señala que dichas personas son servidores públicos en activo, que cuentan con la formación inicial equivalente y han acreditado exámenes de control de confianza, por lo que se trata de personal que con antelación habría cubierto los requisitos de ingreso correspondientes.
La medida pone en evidencia una deficiente operación del Servicio Profesional de Carrera en la Fiscalía del Estado, ya que años después se pretende ejecutar mediante un ‘Acuerdo Administrativo’ algo que está de antemano determinado por la ley.
Además, se advierte un ejercicio discrecional, al adscribir a categorías o niveles superiores a ciertas personas que podrían no contar con los méritos suficientes.
También se percibe opacidad y falta de certeza hacia otros servidores públicos, que permanecen en categorías básicas a pesar de su antigüedad y experiencia.
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