Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | El desafuero contra el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco avanzó en Comisión, al ser aprobado por mayoría, la declaratoria de procedencia en contra del funcionario estatal por abuso de autoridad al no publicar los decretos aprobados por el Poder Legislativo.
El dictamen que será subido al pleno, fue rechazado por la bancada de Movimiento Ciudadano al señalar que se violaron los derechos de Navarro Velazco al no permitirle presentar pruebas y alegatos, además de otras violaciones al proceso legislativo.
“Es procedente la solicitud presentada por el C. Javier Garza y Garza, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, por lo que se declara que sí da lugar a proceder en contra del servidor público C. Javier Navarro Velasco, quien actualmente ostenta el cargo de Secretario General de Gobierno de Nuevo León”.
“Se solicita a la presidencia de este Honorable Congreso, continúe con el procedimiento establecido en el artículo 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”, acordaron.
La declaratoria de procedencia fue solicitada por Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción ante una denuncia del presidente del Congreso, Mauro Guerra, por presunto abuso de autoridad de Navarro al no publicar los decretos aprobados por el Legislativo conforme los términos establecidos en la Constitución.
“Si el Congreso declara que da lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley”.
“Durante el proceso penal el servidor público podrá seguir en su encargo, salvo que se le imponga alguna medida cautelar consistente en prisión preventiva”.
“En caso de que se le dicte una sentencia condenatoria se deberá separar del encargo a el servidor público desde que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y hasta que quede cumplida la condena o se declare ejecutoriamente la absolución”, señala la ley.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz señalo que el dictamen no se les había entregado a tiempo.
Iraís Reyes de la Torre dijo estar molesta y acusó que lo que pretendían sacar adelante era una “aberración jurídica”.
“El tránsito segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se abrogó el pasado 23 abril 2021 y que por ende, no tendría efecto la declaratoria”.
“Quiero señalar que me parece muy vergonzoso en las cosas que hacemos, esto no implica que cuando el funcionario deje el cargo, no se quiere decir que ya se acabó la denuncia”, dijo.
El diputado Héctor García García acuso al Congreso Local al considerar que se estaba abusando del poder.
“Es totalmente violatorio y los desquites políticos me parecen graves, no somos autoridad judicial y lo estamos haciendo en desquite y venganza política”, argumento.
Los diputados dieron vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para efecto de quedar a disposición de esa autoridad para que actúen con arreglo a la Ley.
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