Por Perla Reséndez
CIUDAD VICTORIA, Tam | Al concluir el plazo de 60 días para la revisión de las dependencias gubernamentales por el proceso de entrega-recepción, suman más de 90 los hallazgos de conductas administrativas, integrando alrededor de 40 carpetas de investigación, de las que al menos tres están en proceso de judicializarse.
La Contralora Gubernamental Norma Angélica Pedraza Melo explicó que, que hasta el momento, de las carpetas de investigación ya son más de dos las que la Consejería Jurídica ha determinado que se puede iniciar una denuncia penal, “están en el área de Salud, Administración y en el área de Contraloría”, explicando que en el tema de delitos penales las denuncias serán presentadas por la Consejería Jurídica.
Refirió que la dependencia a su cargo en conjunto con la Consejería Jurídica, trabajan para determinar cuáles conductas podrían ser motivo de denuncia penal.
“De acuerdo a las facultades de la Contraloría, es documentar conductas de presunta irregularidad administrativa, sin embargo, en trabajo con la Consejería Jurídica, se están integrando carpetas para el tema de delitos o denuncias penales”.
Las denuncias, dijo, serán presentadas ante la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas, confiando en que esa autoridad haga lo pertinente para realizar las respectivas investigaciones y se proceda en contra de quien resulte responsable.
Entre las irregularidades detectadas en las revisiones, anotó la celebración de contratos sin que se encuentren los entregables, “en este proceso de 60 días se convocó a más de 60 funcionarios para hacer las aclaraciones, solo acudieron alrededor de diez”.
Apuntó que solo asistieron algunos subsecretarios y directores de área, y en el nivel de secretarios, dijo sólo acudió una ocasión la anterior Contralora, quien dijo que las inconsistencias las respondería por oficio, mismo que ya fue integrado a las carpetas de investigación que se siguen.
Recordó que la Contraloría sólo sanciona las conductas administrativas consideradas como no graves, aplicando amonestaciones privadas, públicas, destituciones, sanciones económicas y hasta la inhabilitación que puede ser hasta por 10 años.
“Hay conductas administrativas consideradas como no graves que nosotros iniciamos y concluimos, pero cuando ya se tipifica una conducta administrativa como grave, se tiene que turnar al tribunal de justicia administrativa”.
Explicó que de acuerdo con la ley de Responsabilidades, una denuncia se turna a la autoridad investigadora que integra los elementos de la carpeta de investigación, hasta llegar a una conclusión.
“Si se confirma como presunta responsabilidad, se integra un expediente llamado informe de presunta responsabilidad y ese tiene que pasar a la autoridad sustanciadora”.
Pedraza Melo apuntó que se continúa revisando en las dependencias lo que fue recibido de la anterior administración, por lo que se apoyarán de despachos externos para avanzar en este trabajo.
“El compromiso es que este mismo mes y a más tardar en enero, los delitos que se integren para el tema penal se van a estar presentando ante la autoridad correspondiente”.
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