Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | El Congreso del Estado aprobó por mayoría promover dos controversias constitucionales o de inconstitucionalidad en contra del Gobernador del Estado Samuel García, el Tesorero del Estado Carlos Garza Ibarra y contra la magistrada Norma Platas.
La primera controversia es en contra del mandatario estatal y del encargado de las finanzas estatales por violar la autonomía de los municipios al establecer reglas de operación para poder recibir lo que le corresponde de las partidas de los 2 mil 500 millones de pesos.
Estos recursos fueron etiquetados durante la aprobación por parte del Congreso del Paquete Fiscal del 2023.
En el caso de la titular de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa es por haber apoyado al mandatario estatal al otorgarle una suspensión de amparo contra el juicio político iniciado por el Congreso Local por no haber presentado el Presupuesto de egresos para el 2023.
Fua la diputada Lorena de la Garza la encargada de subir a tribuna u presentar la propuesta la cual fue apoyada por los panistas, priistas y la diputada sin partido, pues los integrantes de la bancada naranja se inconformaron y votaron en contra.
“El pasado 11 de enero se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, misma que tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para el presente ejercicio fiscal”, expuso De la Garza.
“En este sentido, el artículo 98 de esta Ley prevé la autorización de un fondo para municipios que tendrá́ un monto financiero de 2 mil 500 millones de pesos, los cuales se destinarán para pavimentación, movilidad, acciones de seguridad, parques y cualquier obra de infraestructura productiva, especificándose el monto que le corresponde a cada municipio”.
“Sin embargo, el 19 de enero se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento para la Presentación de Proyectos y Administración de Recursos del Artículo 98 de la Ley de Egreso por parte del Ejecutivo del Estado, bajo la argumentación de que es necesario contar con una reglamentación para apoyar en lo administrativo a los Municipios… dicho instrumento jurídico excede lo aprobado por esta soberanía, rebasando la esfera competencial del Ejecutivo, presumiéndose la existencia de una violación al orden constitucional”.
En el caso de la magistrada, los legisladores señalan que esta no debió de admitir la solicitud del Gobernador al no ser de su competencia
“Existe una prohibición en la Constitución local y en la Ley de Justicia Administrativa Estatal para que el Tribunal de Justicia Administrativa conozca de juicios contenciosos administrativos en contra de actos del Congreso”, indicó..
Ante ello, legisladores de MC, dijeron que las reglas permitían tener controles y transparencia en el uso de ese recurso y acusaron que los Alcaldes del PRIÁN querían tener el recurso sin restricciones para un manejo discrecional.
Mientras que en lo referente al TJA dijeron que se quería atentar contra la autonomía de éste y defendieron su actuación.
«Se aprueba analizar, por medio de la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo y, en su caso presentar, la controversia constitucional o de inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal según se determine, en contra del acto de publicación y entrada en vigor del Reglamento para la Presentación de Proyectos y Ministración de Recursos del Artículo 98 de la Ley de Egresos del Estado 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de enero del 2023, por parte del Poder Ejecutivo y del Tesorero», se estableció el acuerdo.
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