Equiparan esta omisión con el delito de desobediencia
Por Jorge Maldonado Díaz.
De uno a tres años de prisión es lo que podría alcanzar el funcionario o servidor que no publique en el Periódico Oficial del Estado las reformas o decretos avalados por el Congreso del Estado de Nuevo León.
La propuesta avalada es una adición al artículo 180 del Código Penal que busca evitar que el Gobernador Samuel García Sepúlveda guarde o archive indefinidamente los expedientes como hasta ahora los ha realizado.
Javier Caballero Gaona, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que con la modificación realizada a la ley, la persona que no publique las reformas caería en el delito de desobediencia.
“Será equiparable al delito de desobediencia y se sancionará cualquier acto, omisión o incumplimiento en que incurra un servidor público que, estando obligado conforme a las atribuciones o funciones de su cargo, derive en que no se publique en el Periódico Oficial del Estado cualquier decreto, acuerdo, reglamento u otro documento que deba publicarse en éste en los términos y de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 90 de la Constitución del Estado”, establece la reforma al Código Penal.
Al someter a debate el expediente, como era de esperarse, los legisladores emecistas se opusieron a la reforma bajo el argumento de que se trataba de una ley intimidatoria.
Además de existir sanciones dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas, por lo que no es necesario crear otro delito como el de la desobediencia.
“Esta reforma se trata de meter a la cárcel a la gente que está haciendo su chamba en el Periódico Oficial del Estado. Hay que decirlo, a las personas que están trabajando ahí se les quiere intimidar, que si no se hace la voluntad del Congreso y de quienes se sienten dueños de este recinto, los van a someter a un nuevo tipo penal equiparable al delito de desobediencia, y lo hacen equiparable porque no pueden encontrar algo de dónde colgar esta aberración jurídica”, expuso.
Jesús Gómez, Diputado local del PAN, rechazó la postura de la bancada de Movimiento Ciudadano, ya que es una reforma para ejercer un respeto a la división de poderes.
“Este Congreso está facultado para crear leyes y claro que nos han querido intimidar y no han podido, entendemos la función del Periódico Oficial y los tiempos para que se publiquen los decretos o se veten, pero aquí ni los vetan ni los publican, los meten en un cajón y eso merece una sanción, porque es un mandato constitucional el publicar y no lo cumplen, son aberraciones jurídicas lo que se hace”, indicó.
La emecista Iraís Reyes también se manifestó en contra de la reforma, porque se estaba generando con ganas de molestar al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro.
Al momento de cometer a votación el dictamen este fue aprobado con 25 votos a favor y 10 en contra.
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