Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | La disputa y diferencias entre el Gobierno del Estado y el Congreso Local la han llevado hasta los tribunales a tal grado que hasta el momento se han interpuesto un total de 117 recursos ante la Suprema Corte de Justicia o juzgados federales.
Hasta el momento, la administración estatal encabezada por el Gobernador Samuel García Sepúlveda y otras autoridades han presentado un total de 72 controversias constitucionales ante la SCJN por desacuerdos por ejemplo en la designación del fiscal general de Justicia o el Fondo Metropolitano; de estos recursos se han logrado desechar un total de 47, lo que representa un 65%.
Las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo se derivan a la inconformidad de algunas leyes, decretos o acuerdos propuestos por el Poder Legislativo.
Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno, ha señalado que mientras las cosas sigan como hasta ahora no se podrá avanzar.
“Me gustaría a mí y estoy seguro de que el gobernador estaría contento de que esto se arreglará en una mesa de diálogo. Desde el principio hemos dicho que queremos diálogo, que queremos platicar, sentarnos en las mesas para ver que podemos solucionar, que hay atorado para poderlo resolver. Nosotros iniciamos con esa retórica de buscarnos y seguimos abiertos al diálogo y cercanía”.
Por su parte, Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso Local aseveró que han tenido que recurrir a instancias jurisdiccionales para defender, por una parte, la división de poderes, y, por otro lado, los derechos de la ciudadanía.
“En un hecho sin precedentes, el Poder Ejecutivo, y otras autoridades han pretendido secuestrar la labor legislativa presentando un total de 72 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que hemos logrado en su mayoría que no prosperen”, señaló.
El 22 de febrero, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Entre las modificaciones, los diputados avalaron la aplicación de la denominada moción de censura, esto para destituir funcionarios del gabinete estatal.
Ante tal situación, 45 funcionarios de la administración pública estatal tuvieron que promover juicios de amparo en contra del Decreto Núm. 340.
De este recurso dos fueron desechados, 19 de ellos cuentan con suspensión definitiva a su favor a 23 se les negó la suspensión definitiva y hay uno pendiente por recurso de queja.
“Esta defensa jurídica que ha llegado hasta la Suprema corte de justicia de la Nación es con el único objetivo de mantener el Estado de Derecho en el que los Neoloneses creemos, vamos a continuar a pesar de los ataques de quienes buscan evitar el equilibrio de poderes en NL”, puntualizo Guerra Villarreal.
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