Por Jorge Maldonado Díaz
Monterrey | Por aportaciones indebidas durante su campaña presidencial, el ex Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón fue sancionado económicamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con el órgano electoral, en Bronco fue multado con 403 mil pesos al descubrirse que recibió apoyos por 7 millones 512 mil 797 pesos.
La Unidad Técnica de Fiscalización al llevar a cabo la investigación determino que el exmandatario estatal recibió aportaciones en recursos y en especies por parte de personas morales situación que conforme a la ley están prohibidas.
No conforme con eso, también obtuvo donaciones que no pudieron ser identificadas o comprobadas.
Dentro del expediente también se determinó que Rodríguez Calderón también mintió en cuanto a los ingresos.
Cabe destacar que el órgano fiscalizador en sus argumentos señalo que el es Gobernador merecía una sanción por 13 millones de pesos, pero al observar que solo tiene recursos por 2.9 millones se le aplicaría el 3 por ciento.
“Se realizó la triangulación de recursos en efectivo de personas morales a personas físicas, para que, posteriormente, las personas físicas aportaran en efectivo al sujeto obligado”.
“Se evidencia el uso de un esquema sistemático y organizado para hacer pasar ingresos de dinero en trasferencias, como supuestas aportaciones de simpatizantes al otrora candidato independiente”, determinó el INE.
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales tendrá conocimiento del caso para que sea quien determino si hay delito penal que perseguir.
Al Servicio de Administración Tributaria se le dará arte para que realice las debidass investigaciones en cuanto a las empresas que realizaron alguna aportación.
Entre la lista se encuentran Corporativo Aurayazuta; Organización Vortu; Betel Soluciones Integrales; Heriberto Díaz Rodríguez; Asociación de Charros Santa Rosa; Andrés Hernández Campos; Grupo Satrema; y Evangelina Ceballos Lorenzo.
Se dará vista a la Unidad de Inteligencia Financiera por las aportaciones de personas no identificadas y mentir sobre esto.
“Impidió u obstaculizó que la autoridad tuviera certeza respecto del origen real de los recursos, por lo que la investigación y determinación de la presunta responsabilidad del incoado por el origen real de los recursos, deberá ser determinada por las autoridades competentes”, señala el veredicto.
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