CIUDAD VICTORIA | Un juez de control del Sistema Penal Acusatorio giró una orden de aprehensión en contra de Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, quien enfrenta diversas denuncias por uso indebido de funciones, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público, entre otros, además de estar vinculado empresas factureras y huachicoleras y a toda una red de corrupción.
El Comisario General de Investigación de la fiscalía general de Justicia del Estado, Olegario Contreras Macías recibió el oficio 1193/2023 de parte de los Agentes del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral de la FECC, en el que se remite la orden de aprehensión para ejecutar, girada por un juez en contra de Ramírez Castañeda.
Raúl Ramírez enfrenta diversas denuncias en contra de quien resulte responsable, por la sustracción de más de 70 bienes muebles de la dependencia gubernamental y por haber eliminado archivos e información contenida en los equipos de cómputo de la oficina a su cargo.
El recién reinstalado fiscal también ha sido denunciado por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y ejercicio ilícito al servicio público en virtud de que gestionó y propuso a su colaboradora de su despacho en el estado de Nuevo León como trabajadora de la dependencia que preside y también designó a su excuñado como auxiliar jurídico sin tener profesión alguna, ya que su grado máximo de estudios es de secundaria.
Asimismo, designó a su hijo como secretario particular y además está registrado como trabajador en su despacho por lo que se estima un daño patrimonial de más de 1,948,000 al erario del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que su domicilio particular en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, está valuado en más de 40 millones de pesos, sin embargo, en su declaración patrimonial solamente aparece valorado en menos de 2 millones.
A Ramírez Castañeda también se le ha detectado la compra de terrenos en el estado de Quintana Roo valuados en varios millones de pesos.
Por si fuera poco, y contrario a su función como Fiscal Anticorrupción, utiliza su despacho como fachada de empresas de su hermano Levy Ramírez Castañeda, ya que el domicilio de las mismas es el domicilio de su despacho, que es donde realiza gran parte de sus actividades ilícitas, como desvíos millonarios, blanqueo de capitales y defraudación fiscal.
Además, tiene vínculos empresariales con su hermano Levy Ramírez y su conglomerado de empresas factureras y huachicoleras utilizando como socios a trabajadoras y personas directamente involucradas en la red de corrupción y lavado de dinero con la empresa de “Telerma”, que es una empresa calificada como “fantasma”.
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