Por: Jorge Maldonado Díaz.
El no haber enviado el Paquete Fiscal del 2023 le sigue generando problemas al Gobernador Samuel García, luego de que este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso local podrá seguir adelante con el proceso de juicio político en su contra pero no podrá ser separado del cargo mientras lleva a cabo el procedimiento.
Como se recordará, la controversia constitucional en contra del ejecutivo estatal fue interpuesta en enero del año pasado.
Los diputados del PRI y del PAN se inconformaron porque García Sepúlveda decidió no mandar el Paquete Fiscal del 2023 tal y como lo marca la Constitución.
Esta situación la volvió a repetir el Gobernador del Estado en el 2024, situación que ya ha generado problemas en las finanzas estatales.
Por tal motivo, los magistrados avalaron el juicio político en contra del mandatario estatal, pero consideraron inválida la porción del Artículo 203 segundo párrafo de la Constitución local, en la que se establece que por el mero hecho de ser sometido a un juicio político el procesado queda separado de su cargo.
«Artículo 203.- Las sanciones del Juicio Político consistirán en la destitución del servidor público y, en su caso, la inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público .en caso afirmativo, el acusado queda por ese solo hecho separada de su cargo”, establece el artículo analizado por la Corte.
Como desde un principio se definió, el Congreso Local no es autoridad para declarar la separación del mandatario estatal, y mucho menos cuando se trata de un cargo de elección popular y de uno de los tres poderes.
“Es procedente y parcialmente fundada la presente Controversia Constitucional, el segundo en sus términos, reconociendo la validez de la Ley de Juicio Político; el tercero se limita entonces a la declaración de invalidez del Artículo 203 párrafo segundo en la porción normativa impugnada”.
“Se suprime en este resolutivo lo relativo al acuerdo para generar un nuevo resolutivo, que sería el cuarto, en el cual se reconoce la validez del acuerdo del 31 de enero de 2023, dictado por la Comisión Anticorrupción del Estado”, señala la resolución.
Con esto el Congreso Local podrá seguir con el proceso de juicio político en contra de Samuel García Sepúlveda.
El problema recaerá cuando el expediente sea avalado y turnado ante el pleno, ya que se requiere de mayoría calificada (28 votos) para darle el trámite correspondiente, situación que en esta legislatura el PRI y el PAN no tiene, lo que parece indicar que lo dejarían para la legislatura siguiente.
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