Exige Morena al PAN sacar las manos y no interferir en el proceso judicial de Tamaulipas

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) y al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de intentar frenar el proceso judicial, “porque les incomoda la existencia de jueces libres, sin ataduras con el pasado, y con el único compromiso de servir al pueblo”.

A escasos días de que la ciudadanía salga a votar para elegir a personas juzgadoras locales y federales, Gómez Núñez lanzó un llamado urgente al PAN para que se abstenga de intervenir en el proceso judicial, recordando que la ley prohíbe cualquier tipo de participación de partidos políticos en la selección de jueces, magistrados y ministros.

En ese contexto, la dirigente morenista hizo llamado enérgico al Partido Acción Nacional en Tamaulipas y a su dirigente Luis René Cantú Galván para que saquen las manos del proceso, respeten la ley y dejen de desinformar a la ciudadanía».

En este sentido, enfatizó que ni directa ni indirectamente se permite que los partidos influyan en la elección de jueces.

La presidenta de Morena criticó la intención de algunos actores políticos, como la dirigencia panista y el exgobernador Cabeza de Vaca, de obstaculizar el avance hacia un Poder Judicial más independiente.

“Quieren seguir lucrando con la corrupción que los protege, los mantiene impunes y les garantiza privilegios», declaró, reafirmando el compromiso de su partido con la transparencia y la correcta administración de justicia.

Gómez Núñez destacó que la legalidad y la soberanía popular son fundamentales en este proceso judicial, asegurando que «no habrá impunidad» en Tamaulipas.

”Hoy lo decimos con claridad: no habrá pactos con quienes le fallaron al pueblo. Y no daremos un solo paso atrás en la transformación de nuestras instituciones», añadió, resaltando el legado de corrupción que la nueva administración busca erradicar.

Asimismo, se refirió a las acusaciones recientes sobre la contratación de un despacho jurídico por parte del Gobierno de Tamaulipas, desmintiendo que esta acción estuviera destinada a fines personales del gobernador Américo Villarreal.

Explicó que la contratación fue completamente legal y se orientó a atender asuntos oficiales relacionados con actos de corrupción del gobierno anterior, que causaron un quebranto superior a mil millones de pesos al patrimonio público.

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