Por Jorge Maldonado
El cierre del Periódico Oficial del Estado por periodo vacacional ha generado una afectación directa a la entrada en vigor de acuerdos legislativos ya aprobados, entre ellos la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas, denunció la bancada de Morena en el Congreso del Estado.
La diputada Grecia Benavides Flores, presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, sostuvo que el Poder Legislativo cumplió plenamente con su responsabilidad constitucional al aprobar por unanimidad dicha ley, por lo que cuestionó que una decisión administrativa del Poder Ejecutivo haya impedido su publicación y vigencia.
La legisladora advirtió que el adelanto de las vacaciones del Periódico Oficial del Estado, instruido por el Ejecutivo, mantiene sin efectos jurídicos una reforma que reconoce y garantiza derechos fundamentales, lo que —dijo— vulnera el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Nuevo León.
Explicó que la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas establece un marco integral para el reconocimiento, protección y exigibilidad de derechos colectivos e individuales, entre los que se incluyen la autoidentificación como criterio fundamental de pertenencia, el acceso a intérpretes y a servicios públicos con enfoque intercultural, la educación intercultural bilingüe y la protección de la medicina tradicional.
Recordó que la norma fue aprobada por unanimidad por el Congreso local en el último día del periodo ordinario de sesiones, como resultado de la reposición del procedimiento legislativo ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tras la realización de un proceso formal de consulta con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
Finalmente, Benavides Flores subrayó que la entrada en vigor de esta ley no es una decisión discrecional, sino una obligación constitucional del Estado, vinculada directamente con la garantía y protección efectiva de los derechos humanos.
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