- Acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer el estatus de las controversias constitucionales con el gobernador de Nuevo León
Por Jorge Maldonado.
Con el objetivo de reactivar los juicios políticos en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, la bancada del PRI en el Congreso Local solicitó este lunes información actualizada sobre el estado que guardan diversas denuncias presentadas en contra del mandatario estatal.
La diputada Armida Serrato Flores informó que presentó un escrito formal ante la Fiscalía Anticorrupción para conocer el estatus específico de dos denuncias consideradas clave y que derivan directamente en procedimientos de juicio político. Asimismo, anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar información sobre las controversias constitucionales y amparos promovidos en estos casos.
La legisladora detalló que la primera denuncia se relaciona con el aumento a las tarifas del transporte urbano, el llamado tarifazo, el cual —sostuvo— se autorizó de manera ilegal al omitir el procedimiento establecido en la ley, que exige la intervención del Consejo del Transporte y el cumplimiento de condiciones dignas en las unidades para la ciudadanía.
El segundo asunto corresponde a una denuncia presentada por la propia diputada, en la que se solicita una investigación exhaustiva por la presunta triangulación de recursos públicos a través de contratos celebrados con empresas privadas. En este punto, señaló que existen señalamientos documentados sobre un contrato con la empresa Grupo Gentor, del cual habría derivado la adquisición de un terreno de más de 17 hectáreas en la Meseta de la Corona, con un valor estimado en alrededor de 700 millones de pesos, sin que hasta ahora exista una explicación pública clara.
Asimismo, indicó que en ese mismo expediente se solicitó investigar a la empresa Moto-Engil, contratada para la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del Metro, obras que, afirmó, no presentan avances visibles pese a los anuncios oficiales.
“Vengo a presentar un escrito formal para que el fiscal nos informe el estatus de dos denuncias que son clave y que derivan directamente de juicios políticos en contra del gobernador. La idea es convocar lo antes posible, tenga o no respuesta. También es muy importante escuchar y conocer la postura de los demás diputados, porque en el tema de juicios políticos confluyen tanto la parte técnica como la política”, expresó Serrato Flores.
La diputada subrayó que estos procedimientos no cuentan con suspensiones vigentes por parte de la Corte en su primera etapa. No obstante, reconoció que, aun cuando la Fiscalía Anticorrupción aporte elementos que acrediten posibles irregularidades y la Corte determine que es viable avanzar, el proceso requiere el respaldo de al menos 28 diputados para proceder.
“Esta semana estaré revisando con mi coordinador si existen condiciones para que, la próxima semana, se convoque a una comisión”, puntualizó.
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