El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que la iniciativa fue enviada al Congreso local tras diversas denuncias del sector empresarial, particularmente por presuntos abusos cometidos por elementos de tránsito municipales.
De acuerdo con el planteamiento, el delito de abuso de autoridad podría alcanzar hasta nueve años de prisión, además de multas duplicadas e inhabilitación por el mismo periodo. En los casos de cohecho, las penas se elevarían hasta 14 años de cárcel y hasta 21 años en caso de reincidencia.
El funcionario señaló que la instrucción del gobernador Samuel García Sepúlveda es actuar de manera inmediata frente a estas prácticas. “No puede existir este tipo de abusos”, afirmó.
Como parte de la estrategia, se instaló una mesa de trabajo permanente integrada por autoridades de los tres niveles de gobierno y cámaras empresariales. Este mecanismo será coordinado por Mariela Saldívar, con el objetivo de dar seguimiento directo a las denuncias.
Flores Serna explicó que la finalidad es atender los casos en tiempo real, fortalecer la transparencia y evitar la impunidad, independientemente del nivel de gobierno en el que se presenten las irregularidades.
La administración estatal sostiene que con estas acciones busca inhibir prácticas de corrupción y responder a las denuncias que afectan tanto a la ciudadanía como a la actividad económica en la entidad.