Pide licencia Rubén Rocha Moya; rechaza acusaciones

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo la noche del viernes 1 de mayo, en un contexto marcado por una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) y señalamientos en su contra que han intensificado la presión política sobre su administración.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario estatal afirmó que las acusaciones son “falsas y dolosas” y sostuvo que su trayectoria pública respalda su actuar. Indicó que enfrentará el proceso conforme a derecho y en los tiempos que determinen las autoridades.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, expresó Rocha Moya, al señalar que su decisión busca facilitar las indagatorias sin interferencias desde el Poder Ejecutivo estatal.

El titular del Ejecutivo subrayó que no ha traicionado la confianza de la población y reiteró su disposición para responder a los señalamientos en el ámbito legal correspondiente.

La solicitud de licencia será analizada por el Congreso local, instancia que deberá definir el procedimiento a seguir durante la ausencia del gobernador. En ese contexto, el Poder Legislativo activó el mecanismo constitucional para designar a un mandatario interino, con el fin de garantizar la continuidad institucional.

Debido a los tiempos políticos, no se prevé la convocatoria a elecciones extraordinarias, ya que la gubernatura será renovada en 2027. Por ello, el relevo recaerá en una designación legislativa.

Entre los perfiles que han comenzado a mencionarse para asumir el interinato destacan el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndez; la senadora Imelda Castro Castro; y la exdiputada Graciela Domínguez Nava, todos con presencia dentro del grupo político en el poder.

Señalamientos desde Estados Unidos

El caso se da luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación de 34 páginas elaborada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exservidores públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el documento, la presunta relación entre autoridades de Sinaloa y un grupo delictivo se remontaría a una década, mientras que los señalamientos específicos contra el gobernador estarían vinculados a hechos ocurridos en 2021, previo al inicio de su mandato.

Tras la difusión de estas acusaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el pasado 28 de abril recibió diversas solicitudes de extradición por parte de autoridades estadounidenses.

El anuncio de la licencia ocurre en medio de un escenario de creciente debate público y reacciones encontradas entre actores políticos y sociales en Sinaloa, en torno a la gestión del mandatario y la gravedad de los señalamientos en su contra.