MÉXICO | Tras seguir de cerca el debate del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, la Oficina de El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país aplaudió los esfuerzos de quienes procuraron delimitar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, una medida privativa de la libertad, considerada arbitraria según las normas y estándares internacionales.
La delegación en México del organismo subrayó “el hecho de que 9 de los 11 ministros reconocieran “el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de esta figura legal”, y que la mayoría señalase “su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia”.
«Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década», señaló Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina en México.
Diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia Oficina coinciden en señalar la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los tratados internacionales de los que México es parte.
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