Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | Con el objetivo de que las universidades elaboren políticas públicas que ayuden en la movilidad de los alumnos que viven en la zona rural, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local realizara cambios a la ley de Educación estatal.
Eduardo Gaona Domínguez, coordinador de la fracción emecista expuso que los jóvenes que radican en municipios rurales, se encuentran en desventaja al momento de ingresar a la universidad por la distancia en la que se encuentran de la zona metropolitana.
Señalo que esto puede ser un motivo que puede provocar la deserción escolar, así como por su situación socioeconómica.
En Nuevo León, refirió el Diputado, aún existen brechas de movilidad social y falta de oportunidades para las y los jóvenes que viven en municipios no metropolitanos y que quieren acceder a la educación superior
Es por eso que con la iniciativa se impulsa la implementación de políticas públicas por parte de las universidades en favor de los estudiantes.
Según la Encuesta de Movilidad Social en Nuevo León del 2021, en el estado la movilidad educativa aparece como uno de los retos más importantes porque refleja que el acceso a los distintos tipos de instituciones educativas se asocia al ingreso económico familiar.
“Existe un gran porcentaje de jóvenes neoloneses que se quedan sin poder dar el salto del nivel medio superior a la educación superior, principalmente son jóvenes que no residen en los municipios metropolitanos y que les resulta muy complicado trasladarse a las zonas conurbadas”, indicó el Coordinador de la Bancada Naranja.
“El derecho a la educación constituye uno de los derechos humanos esenciales para lograr un desarrollo integral en la vida de una persona, el acceso a la educación abre las posibilidades de disfrutar y ejercer otros derechos que son también muy importantes para lograr una mejor calidad de vida”.
Gaona también señaló que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció que los sistemas educativos deben ofrecer y garantizar una educación superior accesible.
Y para que se cumpla con este mandato, la iniciativa promueve la implementación de políticas públicas en las universidades a fin de eliminar las brechas de desigualdad.
“Existe la responsabilidad de las universidades y las instituciones que imparten educación superior en el estado de crear políticas públicas como parte de esos mecanismos señalados en la Constitución con el propósito de mejorar la calidad educativa y facilitar el acceso a todas las comunidades de nuestra entidad federativa con la finalidad de que se garantice el derecho a la educación a todas las personas y que se fortalezca el desarrollo del estado”, comentó el legislador.
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