Por Perla Reséndez
CIUDAD VICTORIA, Tam | En el primer semestre de este año, el Centro de Identificación Humana ubicado en Altamira, entrará en operaciones, lo que ayudará a la identificación forense de víctimas en Tamaulipas, afirmó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
“Ayer hicimos la visita donde será el Centro de Identificación Humana en Altamira, ya prácticamente está construida la obra y en el primer semestre de este año estará funcionando”, dijo el Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez al realizar una reunión institucional con funcionarios del Gobierno de Tamaulipas.
Señalo que la idea es colaborar y fortalecer las capacidades institucionales, del Gobierno del Estado.
Señaló que, en el tema de identificación humana, es importante generar una sincronía con el sistema nacional de búsqueda de personas, de igualdad de mujeres y hombres y el de víctimas, con nuevas capacidades.
“Aquí ya hemos dado pasos importantes en materia de identificación humana, estamos por inaugurar en este primer semestre el centro de identificación humana en Altamira, tenemos dos centros de resguardo temporal de cuerpos en san Fernando y El Mante”, que se suman al de Miguel Alemán.
Si se quiere abatir este rezago de 52 mil cuerpos sin identificar, dijo que se requiere construir y fortalecer las capacidades institucionales, “para superar una crisis que se generó por la propia omisión de la autoridad”.
Explicó que la Comisión Nacional de Búsqueda, además tiene facultades para establecer un banco de datos genéticos y compartirlos con las fiscalías estatales y la policía científica de la Guardia Nacional y la General de la República.
Apuntó que este mismo año en Morelos se aperturará el banco que tendrán los laboratorios de identificación biométrica más importantes para realizar la identificación masiva de cuerpos, donde las fiscalías no están haciendo las identificaciones.
Y en el Instituto nacional de medicina genómica se atenderán las muestras complejas, al contar con los equipos más avanzados para ello, “tenemos el equipo médico y personal más capacitado”.
Señaló que uno de los principales obstáculos en estos cuatro años del Gobierno de la República “es la falta de coordinación y colaboración entre instituciones de gobierno y la falta de comprensión en el tema de defensa de protección de derechos humanos”.
Se debe asumir, dijo como un asunto del Estado mexicano, donde los poderes de la unión, Estados, los órganos autónomos, particularmente las fiscalías de justicia y tribunales superiores de justicia, coadyuven en enfrentar “la herencia más dolorosa que tocó enfrenar al gobierno federal”.
Recordó que hay 110 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en el país, y un rezago forense donde se estima que más de 52 mil personas se encuentran sin identificar en fosas comunes o servicios forenses.
“Un país donde prevalece una muy importante intolerancia al ejercicio de la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos y donde sigue registrando altos ´índices de violencias contra las mujeres, niñas y niños, requiere de una respuesta firme enérgica del Estado mexicano para abatir la impunidad y el castigo de quienes los cometen”.
En el caso de Tamaulipas, señaló que ocupa el tercer lugar nacional en desaparición de personas, el segundo en términos relativos a su población, solo después de Colima; “el estado ocupa el cuarto lugar en porcentaje de no localización y el 11 en porcentaje de localización sin vida”.
Además de ubicarse en primer lugar de niños, niñas y adolescentes, “con el número más alto en menores de 0 a 4 años de edad, 440 niños reportados como desaparecidos en Tamaulipas”.
Mientras que, en el caso de las mujeres, representan el 56.6 por ciento de los reportes de desaparición, mientras que los hombres representan el 43 por ciento, “es una cifra que contrasta a nivel nacional donde el promedio nacional es del 70 por ciento de hombres y 30 mujeres desaparecidos”.
Explicó que, en la entidad, en el caso de las mujeres desaparecidas, el rango de edades es entre 15 y 19 años de edad, destacando la situación de los niños, niñas y adolescentes.
“Necesitamos apoyar políticas focalizadas y en especial en siete de los 43 municipios donde se registra el mayor número de problemas de violaciones a derechos humanos, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico, Altamira y Ciudad Madero”.
Para fortalecer las capacidades del Estado de Tamaulipas, destacó el establecimiento de medidas de carácter administrativo, legislativo y mecanismos especiales para enfrentar la situación de desapariciones.
“Tenemos que generar nuevas instituciones especializadas y un mejor marco normativo, aquí tenemos carencia en seis leyes que necesitan armonizarse con el ámbito general en desaparición de personas, uso de la fuerza, combate a la tortura, cómo enfrentar el desplazamiento interno”.
Así como otras que incluso ya la Suprema Corte se ha manifestado como el matrimonio igualitario o la interrupción del embarazo, entre otras que requieren actualización en materia de discriminación, atención a víctimas, trata de personas.
Urgió la necesidad de elaborar un plan estatal de derechos humanos que no existe en Tamaulipas, por lo que propuso un acompañamiento con el gobierno del estado para elaborarlo.
“Queremos plantear la necesidad de crear una unidad de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos”, así como la firma de un convenio de coordinación entre el mecanismo federal y estatal, para tener definiciones comunes en la atención de estos problemas.
Además de fortalecer la atención a víctimas con más recursos y atención, “además de una política de atención victimal, con acompañamiento psicosocial en temas de salud, con énfasis en la justicia, “esa es uno de los grandes vacíos que tenemos”.
El reto dijo, es abatir los índices de impunidad que se tienen, que en el caso de desaparición de personas es del 98 por ciento, mientras que el de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos es superior al 90 por ciento.
Recordó que, en 2022 de los 13 casos de homicidios a periodistas, se esclarecieron y consignaron a la mayor parte de los responsables.
En el tema de trata de personas, dijo que hay el compromiso para fortalecer las acciones interinstitucionales con la entidad, luego que la entidad, al ser fronteriza, tiene de los índices más altos en este delito.
Señaló que es importante atender el tema de la tortura, donde “la Fiscalía general de la República se ha negado acompañar un programa para combatir las prácticas de tortura y prácticas degradantes”.
Encinas Rodríguez, también planteó la necesidad de establecer un conejo local contra la discriminación y programa especial para enfrentar y erradicar este fenómeno, “queremos colaborar con recursos y para ello tendremos subsidios para el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda e identificación humana”.
Hasta esta fecha, se han canalizado más de 62 millones 700 mil pesos, dijo, señalando que en el Conavim se cuentan recursos para establecer un nuevo centro de justicia para las mujeres, que se ubicaría en Matamoros.
Pero además señaló que se cuenta con recursos para atender las alertas de violencia de género y construir refugios para mujeres víctimas de violencia.
El Subsecretario federal dijo que se buscará combatir el embarazo infantil y juvenil que, en el caso de Tamaulipas, se ubica en el lugar 13 del país en mayor índice de fecundidad de niñas de 10 a 14 años.
Apuntó que se trata de un problema serio el que se tiene de nacimiento de niños, cuyas madres tienen entre 13 y 14 años de edad, reportando el año pasado 277 nacimientos de hijos de madres entre los 10 y 14 años de edad.
Indicó que otra área que debe fortalecerse es el Registro Civil en la entidad, donde se requiere que la CURP sea una cédula de identidad en el país, “llevamos más e 150 millones de CURPs cotejadas con las actas de nacimiento”.
Incluso, dijo que ya se entrega la CURP con fotografía, lo que ayuda a formalizar la presencia de trabajadores migrantes en el país.
Encinas Rodríguez dijo que se tiene un rezago de cerca del 55 por ciento en registro de defunciones, derivado de la pandemia del COVID-19, por lo que se busca que, a través del Registro Nacional de Población, se pueda abatir el subregistro, desde donde se canalizarán recursos para actualizar esto en la entidad.
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