Durante una maratónica audiencia de casi 15 horas lo vinculan a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
VICTORIA, Tam.- Eugenio “N”, acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 41 millones de pesos, fue vinculado a proceso.
Después de una maratónica sesión de más de 14 horas de audiencia, el Juez de Control, Patricio Lugo Jaramillo escuchó las aportaciones de la nueva defensa del ex mandatario en la carpeta procesal 0237/2018, determinando que las pruebas de la Fiscalía resultaron suficientes para la vinculación a proceso a Eugenio “N”, por ambos delitos.
El juzgador estableció además un periodo de tres meses para la investigación complementaria por parte del Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que el ex gobernante tuvo un incremento patrimonial injustificado y por tanto ilegítimo dado que no se ha pudo determinar el origen de los ingresos por 40 millones 967 mil 794.28 pesos, durante su función pública como diputado federal, alcalde y gobernador del 2000 al 2010.
Todo ello, apoyado con un dictamen de contabilidad presentado por un perito especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual establece que sus ingresos como servidor público, sumado a su patrimonio como persona física y socio de empresas, no corresponde al reportado.
La nueva defensa de Eugenio “N” la conforman, José Javier López García, quien representó al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, recientemente liberado y del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
También se sumó el abogado José Isabel Luna Chávez, quien defendió a Roberto Mollado Esparza, “El Betito”, presunto líder de la “Unión Tepito”; así como Alejandro Ordoñez Pérez, Felipe de Jesús Rivera Riestra, Leonel Vargas del Ángel y Ana María Francisco Pérez.
Este próximo sábado 6 de octubre, el ex mandatario cumple un año de estar preso en el penal de Victoria, acusado de Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita, según consta en la carpeta 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado, tramitando un amparo (2042/2017) en contra del Auto de Formal prisión, el cual está pendiente de resolución.
Otro amparo (788/2018) en contra de la extradición para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero; también está pendiente de ser resuelto por la Juez Abigail Cháidez Madrigal del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa.
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