Lima, Perú.- La candidata de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, tomó ventaja en la segunda vuelta presidencial de Perú al obtener el 52.33 por ciento de los votos, frente al 47.67 por ciento alcanzado por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, de acuerdo con los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 74.79 por ciento de las actas contabilizadas, Fujimori sumaba 7 millones 582 mil 797 votos, mientras que Sánchez registraba 6 millones 907 mil 550 sufragios, en una elección que definirá al próximo presidente del país para el periodo 2026-2031.

Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas en una jornada electoral desarrollada bajo un amplio operativo de seguridad y marcada por la polarización política, el desgaste institucional y la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años.

La contienda enfrentó a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y representante de una plataforma centrada en la seguridad, la estabilidad económica y el fortalecimiento de la inversión privada, contra Roberto Sánchez, exministro y candidato de izquierda que promovió una agenda de reformas estructurales, mayor intervención estatal en la economía y cambios al marco constitucional.

Aunque la tendencia favorece a la candidata de Fuerza Popular, el resultado aún no es definitivo. La ONPE informó que permanecen pendientes de contabilizar más de 22 mil actas, por lo que el conteo oficial continuará durante las próximas horas.

La elección se desarrolla en un contexto de profunda fragmentación política. Desde 2016, Perú ha enfrentado una prolongada crisis institucional caracterizada por la sucesión de presidentes, conflictos entre poderes y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

A medida que avanza el escrutinio, la atención se concentra en la consolidación o eventual reducción de la ventaja de Fujimori, en una de las elecciones más relevantes para el futuro político y económico del país andino.

• La iniciativa, derivada de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contará con una inversión inicial de 500 mil dólares para impulsar acciones de protección, capacitación y apoyo profesional.

Bogotá, Colombia.- El Gobierno de Colombia puso en marcha el Fondo “No Es Hora de Callar”, una iniciativa orientada a fortalecer la protección, capacitación y ejercicio seguro del periodismo para las mujeres, como parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Bedoya Lima y otras vs. Colombia.

El lanzamiento oficial se realizó el pasado 26 de mayo en Bogotá y contó con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del viceministro de Relaciones Exteriores y del director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

De acuerdo con las autoridades colombianas, el Fondo busca garantizar mejores condiciones para el ejercicio periodístico de las mujeres mediante acciones enfocadas en su protección, formación especializada y fortalecimiento profesional, además de la prevención y atención de las violencias que históricamente han enfrentado en el desarrollo de su labor informativa.

La iniciativa contará con una inversión inicial de 500 mil dólares, recursos que serán destinados a programas de prevención y protección, becas, procesos de capacitación, incentivos para investigaciones periodísticas lideradas por mujeres y otras acciones encaminadas a fortalecer su participación en los medios de comunicación.

Durante la presentación se destacó que este mecanismo representa un avance relevante en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y en la ejecución de las medidas ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, se subrayó que el Fondo constituye una herramienta concreta para promover entornos más seguros y equitativos para las mujeres periodistas, reconociendo su papel fundamental en la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y el fortalecimiento de la democracia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que continuará acompañando la implementación de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH y reafirmó el compromiso del Estado colombiano con la promoción y protección de los derechos humanos, así como con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.