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Senado aprueba la prohibición de matrimonios infantiles en comunidades indígenas

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  • Avalan reforma para que usos y costumbres de comunidades indígenas no estén por encima de derechos de menores
  • Los cambios al artículo 2 de la Carta Magna ayudarían a combatir matrimonios forzados de niñas, niños y adolescentes.

La Cámara de Senadores avaló una reforma a la Constitución Política para establecer en su artículo 2 el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas, para que no pueda justificarse el ejercicio de los usos y costumbres de esas regiones alguna práctica que vaya contra los derechos de los menores.

En el documento, avalado por 76 votos y turnado a la Cámara de Diputados, las y los senadores advirtieron que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas, donde la convivencia se rige esencialmente por usos y costumbres, corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.

Si bien es preciso garantizar el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, como la misma Carta Magna lo establece y de acuerdo con diversos tratados internacionales de los que es parte México, enfatizaron, también se debe precisar que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”, subrayaron los legisladores.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expuso que los matrimonios y uniones infantiles forzados tienen muchas causas, pero principalmente son impulsadas por normas de género que privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos.

Lo anterior, continuó, limita sus opciones en la vida, al igual que el factor de pobreza que afecta especialmente a pueblos indígenas de América Latina y México, donde los niveles alcanzan cifras demasiado altas, particularmente entre los menores de 18 años, por lo que cobra relevancia proteger constitucionalmente a estos sectores.

Al fijar la postura de Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez confió en que ningún grupo parlamentario en el Senado se opondría a aprobar esta enmienda por mera “politiquería”, pues no se puede aceptar que haya niñas de 13 o 14 años casadas con sujetos de más de 35 años.

“Imagínense su día, imagínense su noche; es de dar miedo, un miedo social que no se nos debe de olvidar”, por lo que reiteró que su bancada respalda esta reforma al artículo 2 de la Constitución por unanimidad y sin cuestionarla.  “Estamos con las niñas y los niños de México”, destacó.

 

 

La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña, niño o adolescente”, narró la senadora presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se revelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.

Del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos subrayó que esta reforma constitucional robustece y reitera lo que se ha aprobado durante las últimas legislaturas en el Senado de la República.

Con la erradicación de la unión entre menores y adultos, añadió, no se recurrirá a los usos y costumbres como un atenuante o excluyente de responsabilidad. “No más maltrato infantil, no más matrimonios infantiles, no más embarazos producto de creencias o permiso de padres o familiares”, concluyó.

En representación del PT, la senadora Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y trasgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.

“Desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde suceden”, añadió; ante ello, exigió que las niñas, adolescentes y mujeres en México dejen de ser “intercambiables”, pues son personas cuya dignidad debe ser respetada.

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Morena respalda a Américo y acusa campaña de calumnias para frenar la transformación

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Ciudad Victoria, Tam.– El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas manifestaron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y rechazaron los señalamientos difundidos recientemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, al considerar que forman parte de una estrategia de desprestigio contra el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.

A través de un posicionamiento público, la dirigencia estatal de Morena llamó a la ciudadanía tamaulipeca a no dar crédito a lo que calificó como “calumnias” y a cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal.

El documento señala que los recientes señalamientos publicados por un medio internacional y replicados posteriormente en medios nacionales no sólo buscan afectar la imagen personal del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado en las urnas por la ciudadanía.

Morena sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política dirigida a debilitar a un gobierno que, afirmó, fue electo legítimamente por la población y que impulsa cambios en beneficio de sectores históricamente marginados.

En el posicionamiento, el partido argumenta que los ataques surgen en un contexto en el que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación continúan consolidando políticas públicas y programas que han modificado la dinámica política y social del estado.

Asimismo, la dirigencia morenista aseguró que Tamaulipas mantiene memoria sobre administraciones anteriores y sobre prácticas que, según señaló, favorecieron redes de privilegios y el uso indebido de las instituciones públicas.

El partido también sostuvo que las responsabilidades legales deben acreditarse mediante pruebas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes, y afirmó que las acusaciones difundidas carecen de elementos suficientes para sustentar los señalamientos realizados.

En ese sentido, Morena rechazó cualquier intento de influir en la vida política de la entidad mediante campañas mediáticas o estrategias que, a su juicio, pretendan sustituir la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena reiteraron su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya y llamaron a la militancia y simpatizantes a mantenerse organizados frente a lo que consideran ataques políticos, al tiempo que refrendaron su compromiso con el proyecto de transformación impulsado en Tamaulipas.

 

 

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Gobierno de Tamaulipas rechaza publicación de Los Angeles Times sobre Américo Villarreal

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Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó las versiones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en las que se señala al gobernador Américo Villarreal Anaya de estar sujeto a investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarín, aseguró que las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense carecen de sustento documental y no están respaldadas por pruebas verificables.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario, quien calificó los señalamientos como “falsos” y sostuvo que buscan presentar acusaciones graves sin evidencia que las respalde.

En un segundo mensaje, Algarín afirmó que no existen documentos, expedientes, resoluciones ni elementos verificables que acrediten lo publicado por el diario. Añadió que las versiones difundidas se basan en rumores, testimonios anónimos o especulaciones, y sostuvo que “la verdad se demuestra con evidencia”.

La reacción del Gobierno de Tamaulipas se produjo luego de que Los Angeles Times publicara una información en la que, citando fuentes familiarizadas con el caso, señala que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, estarían siendo investigados en Estados Unidos y que sus visas habrían sido retiradas.

De acuerdo con reportes periodísticos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de este tipo de versiones sin información oficial de respaldo.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho pública documentación oficial relacionada con los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, mientras que el Gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de rechazo total a las acusaciones.

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Anuncia Olga Sánchez Cordero su retiro de la vida pública al concluir la Legislatura en 2027

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La diputada federal de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se retirará de la vida pública al concluir la actual Legislatura de la Cámara de Diputados en 2027, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas en los principales espacios de la vida institucional del país.

La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su decisión durante una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde señaló que se trata de una determinación que había tomado desde tiempo atrás y que ya había comunicado al coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Sánchez Cordero, de 78 años, fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que desempeñó entre 2018 y 2021. Antes de ello, se desempeñó durante dos décadas como ministra de la Suprema Corte, donde construyó una trayectoria asociada a resoluciones consideradas de carácter progresista.

Durante su paso por el máximo tribunal respaldó criterios que contribuyeron al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la despenalización del aborto en distintos ámbitos jurídicos. También participó en decisiones de alta relevancia pública, entre ellas el proyecto que derivó en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez en 2013.

Tras dejar la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero regresó al Poder Legislativo, donde ocupó un escaño en el Senado y posteriormente una curul en la Cámara de Diputados. Desde ambas posiciones mantuvo posturas que en algunos momentos se distanciaron de decisiones impulsadas por la mayoría oficialista.

Entre ellas destacó su voto en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en 2023, medida promovida por el entonces presidente López Obrador y que generó movilizaciones de trabajadores judiciales en diversas entidades del país.

La legisladora también expresó públicamente su desacuerdo con la eventual candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, señalando que el respeto a los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia debía ser una condición indispensable para cualquier representante popular.

En los últimos años, Sánchez Cordero manifestó diferencias respecto a algunas reformas impulsadas por Morena. Una de las más recientes fue la modificación constitucional que establece la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención extranjera. Durante la discusión legislativa, se abstuvo de votar al considerar que el concepto de “injerencia” requería una definición más precisa dentro del texto constitucional.

Asimismo, reconoció que mantiene visiones distintas a las del coordinador parlamentario Ricardo Monreal en diversos temas legislativos, aunque reiteró su respeto y aprecio personal hacia él.

La exsecretaria de Gobernación también había expresado anteriormente reservas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio pasado, así como sobre aspectos de la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces y magistrados.

Con su retiro anunciado para 2027, Olga Sánchez Cordero cerrará una carrera política y judicial que incluyó cargos en los tres poderes de la Unión y que la convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes de la vida pública mexicana en las últimas décadas.

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