Ciudad de México.- El Observatorio contra la tortura presentó su Informe de Hallazgos 2022, un documento que evalúa el grado de implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México, publicada en 2017.
Este informe analiza el desempeño y las capacidades de las fiscalías, poderes judiciales y otras autoridades responsables de prevenir y perseguir la tortura en nuestro país.
Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que “los mecanismos de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos han sido particularmente insistentes desde hace décadas en que México tiene que emprender especiales esfuerzos para hacer frente a la tortura.” Asimismo, remarcó que “las últimas revisiones a México de organismos de tratados internacionales reconocen que hay una ausencia de voluntad y capacidad para emprender una investigación seria y eficiente de hechos de tortura por parte de las fiscalías del país, mencionando la falta de independencia y parcialidad en las investigaciones”
Algunos de los hallazgos que se comparten dentro del informe son:
En 2022, se iniciaron 6,226 carpetas de investigación en el tema de tortura y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2021. En el mismo año, únicamente 82 casos fueron judicializados.
La tortura sigue empleándose como método de investigación de delitos.
A pesar de que cada estado debe contar con una fiscalía especializada en tortura, su creación no se ha traducido en mejores investigaciones ni en un incremento de casos judicializados.
Existe un estancamiento generalizado de las investigaciones de tortura en las fiscalías. El número de casos judicializados sigue siendo extremadamente bajo.
Las posibilidades de que las víctimas de tortura puedan comprobar haber sido víctimas son muy bajas por la falta de disponibilidad e imparcialidad de los dictámenes médico-psicológicos.
En 2022, los Organismos públicos de derechos humanos clasificaron 1,243 quejas como tortura y 2,649 como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Las autoridades más denunciadas ante los organismos públicos de derechos humanos fueron las fiscalías generales de los estados y los cuerpos de seguridad pública.
Las organizaciones que conforman el Observatorio contra la Tortura hacen un llamado a la creación de una política pública coordinada entre las autoridades federales y locales, así como diagnósticos claros sobre la magnitud y características de este delito.
Natalia Pérez Cordero, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que “la tortura no solamente subsiste, sino que se ha negado la posibilidad de tener una pública que permita avanzar en el combate pero sobre todo en la prevención de este delito grave”, en alusión a la falta de creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la tortura, una herramienta clave para generar líneas de acción coordinadas a nivel interinstitucional. Este programa debió ser aprobado por la Fiscalía General de la República (entonces Procuraduría) en el año 2017.
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