CULPA IN VIGILANDO
Por Nohemi Argüello Sosa
Paridad sin violencia: apuesta del INE
Expulsar a las mujeres de la vida pública es el propósito final de la violencia política en razón de género, la cual se ha recrudecido a partir de 2014, derivado de la incorporación del principio de paridad en nuestra Carta Magna.
Proporcionarles información falsa o incompleta para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades u obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, son algunos ejemplos de violencia política en razón de género que el Instituto Nacional Electoral pretende combatir de manera más eficaz a través de la próxima reforma electoral.
Con este propósito en la mira, nueve consejerías del INE presentaron a la Comisión presidencial que preside Pablo Gómez, diversas propuestas, entre ellas, reconocer a nivel constitucional que las resoluciones administrativas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género tengan efectos equivalentes a una sentencia penal para que personas agresoras no accedan a cargos públicos.
En materia de representación, proponen fortalecer la facultad del INE para regular paridad, alternancia, cuotas y medidas afirmativas en todos los cargos de elección popular, así como establecer la alternancia obligatoria en las dirigencias nacionales y estatales de los partidos políticos.
En cuanto al financiamiento, plantean garantizar al menos el 50 por ciento de los recursos de campaña y del tiempo en radio y televisión para las candidaturas de mujeres, así como establecer reglas para crear partidas contables específicas para su fiscalización y asegurar propaganda personalizada, evitando que las candidatas compitan solo con mensajes genéricos.
Otra de las propuestas es que se tipifique la violencia digital como una forma de violencia política en razón de género, incorporando agravantes derivadas de la interseccionalidad, así como fortalecer la investigación con perspectiva de género.
Además, se sugiere aumentar los requisitos de elegibilidad y el cumplimiento de la “8 de 8” contra la violencia, homologando procedimientos, certificaciones y mecanismos de denuncia ciudadana que permitan bloquear el paso de agresores a cargos públicos.
Propuestas del INE que iluminan los recovecos donde estas violencias se ocultan y que allanan el camino hacia una paridad sustantiva. Porque sin mujeres ejerciendo el poder en condiciones de plena igualdad, la democracia seguirá siendo solo una promesa.
¿Usted qué opina?
Hablando de otros temas, le comparto que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, realizó una visita de supervisión al Centro Universitario Sur, en el campus Tampico, como parte de los preparativos para el inicio del ciclo escolar Primavera 2026-1, que comenzará el próximo 19 de enero. El objetivo fue verificar que las instalaciones y servicios estén en condiciones óptimas para recibir a la comunidad estudiantil.
Durante el recorrido, el rector constató el funcionamiento y la coordinación institucional entre las distintas áreas que integran esta sede universitaria.
Asimismo, sostuvo un acercamiento directo con el personal administrativo, a quienes reconoció por su compromiso diario y destacó la importancia de mantener una gestión cercana para atender de manera directa las necesidades
universitarias.
Anaya Alvarado reiteró que una de las prioridades de su administración es el fortalecimiento continuo de la infraestructura, el equipamiento y los servicios, en respuesta al crecimiento sostenido de la matrícula y a las demandas académicas actuales, con el propósito de garantizar espacios dignos, funcionales y adecuados para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad.
Finalmente, subrayó la relevancia de consolidar una agenda de trabajo permanente que permita dar seguimiento a estos recorridos en las dependencias universitarias de todo el estado. Durante su visita, recorrió oficinas administrativas, servicios escolares, espacios culturales y académicos, así como instalaciones clave, constatando su adecuada operación y su impacto en el bienestar universitario y el impulso a las actividades académicas, de investigación y administrativas del campus sur.
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