OTRA MIRADA
No es la estética en el Senado: es el sesgo
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
La reapertura —y posterior cierre definitivo— de un salón de belleza en el Senado de la República generó más ruido político que muchos debates legislativos de fondo. La decisión fue anunciada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien afirmó que no se destinaron recursos públicos para su instalación. Sin embargo, la frase que más resonó fue otra: “las senadoras ya no se van a acicalar”. Fue ahí donde comenzó el verdadero debate: no sobre el uso del espacio, sino sobre el derecho de las mujeres a cuidar su imagen sin ser juzgadas.
La senadora Juanita Guerra, quien reconoció haber pagado 500 pesos por un tinte, fue exhibida en medios de comunicación y redes sociales. Posteriormente sugirió que el episodio podría enmarcarse en un contexto de hostigamiento político tras sus denuncias contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. El análisis sobre la legalidad del uso del espacio quedó rápidamente desplazado por la narrativa de la frivolidad femenina.
Más que discutir si el uso del espacio era correcto o si debía regularse con mayor claridad, la conversación pública se centró en cuestionar a las senadoras que utilizaron el servicio. Se instaló la idea de que arreglarse el cabello dentro del Senado era un exceso, una frivolidad o incluso una falta ética.
Pero conviene detenerse.
La política no es solo votar leyes; también implica representación y presencia pública permanente. Las senadoras comparecen ante medios de comunicación, suben a tribuna, participan en debates televisados y sostienen reuniones constantes. Sobre ellas recae una exigencia estética continua. Si no cumplen con determinados estándares de imagen, son criticadas; si los cumplen, también.
Ese doble rasero no es casual. A los hombres rara vez se les cuestiona por su apariencia. Nadie convierte en escándalo que un legislador se corte el cabello o se lustre los zapatos antes de una sesión. En cambio, cuando una mujer se tiñe el cabello, la discusión escala al terreno moral.
Hay otro elemento que casi no se menciona: la mayoría de las senadoras son foráneas. Llegan desde distintos estados del país, muchas veces en vuelos tempranos o tras largos trayectos por carretera. Al aterrizar, no cuentan con margen de descanso; deben incorporarse de inmediato a comisiones, reuniones o sesiones públicas. La exigencia de “buena presentación” no se suspende por el cansancio del viaje. En ese contexto, disponer de un espacio cercano para contratar un servicio personal puede responder a una necesidad práctica de organización del tiempo, no a un privilegio.
Además, según lo informado, el servicio era cubierto con recursos personales. Si existe una discusión legítima, debería centrarse en la normatividad del uso del espacio público y en los criterios administrativos que lo regulan, no en el hecho de que una mujer decida arreglarse.
Desde una perspectiva feminista, el problema no es la estética, valuada en 37 mil pesos, por el sillón, el espejo y el lavabo que incluía. El problema es la carga simbólica que históricamente se ha impuesto sobre el cuerpo de las mujeres en el poder. Se espera que sean impecables, pero discretas; visibles, pero sin ocupar demasiado espacio; profesionales, pero sin mostrar rasgos asociados a lo femenino.
La austeridad es un principio válido cuando se aplica con reglas claras y sin sesgos. Pero cuando se convierte en argumento para señalar prácticas vinculadas al cuidado personal femenino, deja de ser únicamente una política presupuestal y se transforma en un mensaje cultural.
El episodio deja una pregunta más profunda: ¿por qué incomoda tanto que las mujeres ejerzan el poder sin renunciar a su identidad?
El debate pudo haber sido administrativo. Terminó revelando que aún persiste resistencia a normalizar la presencia plena de las mujeres en los espacios de decisión.
Y eso, más que el tinte o el espejo, es lo que realmente debería preocuparnos.
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