La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, celebró la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 435/2025, mediante la cual se negó la protección de la justicia federal al exgobernador Francisco “N”, acusado de presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dirigente estatal afirmó que, con esta determinación, la orden de aprehensión se mantiene vigente y queda sin efectos la suspensión previamente concedida, por lo que el mandamiento judicial puede ejecutarse.
Sostuvo que el fallo representa un momento relevante para la vida pública de Tamaulipas y del país, al considerar que envía un mensaje sobre la aplicación del Estado de Derecho sin privilegios ni excepciones.
Gómez Núñez señaló que corresponde ahora a la fiscalía general de la República (FGR) promover ante las autoridades competentes la emisión o reactivación de la ficha roja ante la Interpol, así como realizar los trámites ante el gobierno de Estados Unidos para su eventual detención con fines de extradición. “Nadie puede sustraerse de la acción de la justicia”, expresó. 
Añadió que la resolución del máximo tribunal no debe quedar como un hecho aislado, sino traducirse en actuaciones firmes y apegadas a la legalidad por parte de todas las instituciones involucradas.
La presidenta estatal de Morena indicó que, tras conocerse la decisión judicial, militantes del partido se concentraron en cabeceras municipales como Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria para manifestar su respaldo al fallo de la Corte. Asimismo, recordó que en diciembre pasado se recabaron más de cien mil firmas que fueron entregadas a ministras y ministros, en demanda de que el caso no quedara impune.
La resolución de la SCJN restablece la vigencia de la orden de aprehensión y fija un criterio sobre el estándar probatorio requerido en el sistema penal acusatorio para autorizar una captura, al establecer que no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la existencia del delito y la probable participación del imputado.
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