Trasladan a Ruffo al penal; su presunta red de huachicol alcanzaría a Cabeza de Vaca
Por José Luis Treviño G.
Ciudad de México. El traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a un centro penitenciario marca un punto de inflexión en una de las investigaciones más relevantes sobre el robo y tráfico ilegal de combustibles en México. Más allá de la situación jurídica del exmandatario, el expediente federal apunta a una presunta red que durante años habría operado con protección política en el norte del país, particularmente el ex gobernador también del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con las líneas de investigación, la estructura criminal extendió sus operaciones en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, aprovechando la ubicación estratégica de estas entidades para el trasiego y comercialización ilegal de hidrocarburos, un negocio que durante los últimos años generó pérdidas multimillonarias para Petróleos Mexicanos y fortaleció financieramente a grupos delictivos.
Las pesquisas no se concentran únicamente en quienes integraban la red logística y financiera del huachicol. También buscan establecer si existió una red de complicidades desde el poder político que permitió la expansión de este mercado ilegal mediante omisiones, protección institucional o la falta de acciones para combatir el delito.
En ese contexto, la investigación alcanza a varios exfuncionarios y exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional. Entre los nombres que aparecen en las indagatorias figura el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya administración es objeto de revisión por las autoridades federales para determinar si existieron responsabilidades relacionadas con la expansión de estas operaciones en territorio tamaulipeco.
Los investigadores consideran que Tamaulipas fue una pieza estratégica dentro de la red, debido a su extensa infraestructura energética, su condición fronteriza con Estados Unidos y la presencia de corredores utilizados para el traslado clandestino de combustibles. Bajo esa hipótesis, la autoridad busca determinar si la operación de estas organizaciones fue posible gracias a mecanismos de protección política o institucional.
El caso cobra especial relevancia porque el gobierno de Cabeza de Vaca ya había sido señalado en distintas ocasiones por presuntos vínculos con redes de corrupción y delincuencia organizada, además de enfrentar investigaciones por otros delitos. Ahora, el expediente relacionado con el huachicol abre un nuevo frente de indagación que podría ampliar el alcance de las responsabilidades penales, siempre que las autoridades logren acreditar con pruebas los hechos que investigan.
El traslado de Ruffo Appel al penal es interpretado por analistas como una señal de que la Fiscalía General de la República busca avanzar más allá de los operadores materiales del robo de combustibles y escalar hacia quienes presuntamente brindaron cobertura política a una actividad que durante años se consolidó como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
La investigación permanece abierta y no se descarta que en las próximas semanas se judicialicen nuevos expedientes o se giren órdenes de aprehensión contra otros exservidores públicos, conforme se robustezcan las carpetas de investigación.
Por ahora, las autoridades mantienen bajo reserva parte de las actuaciones ministeriales. Conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, todas las personas señaladas en las investigaciones conservan ese derecho mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.
