Poder Judicial y Fiscalía de NL solicitan más de 13 mil millones de pesos para 2027

Por Jorge Maldonado Díaz

MONTERREY, NL.— El Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitaron al Congreso local presupuestos que, en conjunto, superan los 13 mil 244 millones de pesos para 2027, al advertir que los recursos son necesarios para cumplir con las reformas judiciales, fortalecer la operación institucional y desarrollar proyectos de infraestructura.

Durante las mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Presupuesto del Congreso, ambas instituciones expusieron sus necesidades financieras y los riesgos que enfrentarían si no cuentan con recursos suficientes para atender sus responsabilidades.

El Poder Judicial solicitó 6 mil 697 millones 212 mil 401 pesos, mientras que la Fiscalía General de Justicia planteó un presupuesto de 6 mil 547 millones 484 mil 183 pesos, que incluye los recursos requeridos por las fiscalías Anticorrupción y Especializada en Delitos Electorales.

Poder Judicial reclama desigualdad presupuestal

Ante los diputados, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Laura Perla Córdova Rodríguez, defendió la solicitud presupuestal al señalar que permitirá implementar las reformas judiciales, ampliar la infraestructura y avanzar en la modernización digital, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia.

La funcionaria cuestionó la proporción de recursos que recibe el Poder Judicial frente a otras instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Expuso que la Secretaría de Seguridad Pública estatal recibe 8 mil 740 millones de pesos, equivalentes al 5.59 por ciento del presupuesto, mientras que la Fiscalía General de Justicia cuenta con una asignación de 4 mil 955 millones, equivalente al 3.17 por ciento. En contraste, el Poder Judicial representa el 2.24 por ciento.

“No podemos permitir que nuestra tubería sea desigual”, expresó Córdova Rodríguez al defender la necesidad de fortalecer el financiamiento de la institución.

De los recursos solicitados, 604 millones de pesos se destinarían a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027.

Además, mil 808 millones de pesos se utilizarían para modernizar y ampliar la infraestructura judicial, mientras que otros 446 millones se destinarían al desarrollo de herramientas de justicia digital inteligente.

Entre los proyectos contemplados para el próximo año se encuentran la creación de 11 módulos judiciales de proximidad y atención ciudadana, así como la ampliación de la red estatal de centros de convivencia.

La presidenta del Poder Judicial sostuvo que la suficiencia presupuestal es indispensable para cumplir con las nuevas obligaciones legales y ampliar la cobertura de los servicios de justicia en Nuevo León.

Fiscalía advierte riesgos para proyectos estratégicos

Por su parte, el fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, solicitó un presupuesto de 6 mil 547 millones 484 mil 183 pesos para 2027, lo que representa un incremento del 14 por ciento respecto a la asignación de referencia presentada ante los legisladores.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto, advirtió que la falta de acuerdos entre el Gobierno estatal y el Congreso para aprobar el Paquete Fiscal podría complicar la operación de la dependencia y frenar la ejecución de proyectos de infraestructura.

El fiscal alertó particularmente sobre los efectos de una eventual reconducción presupuestal, al señalar que la institución necesita certeza financiera para avanzar en obras y programas considerados prioritarios.

Entre los proyectos previstos para 2027 mencionó el Nuevo Centro de Justicia para la Mujer, el Centro de Evaluación y Control de Confianza, la Academia de Capacitación Profesional en Justicia, el Centro de Resguardo Forense y diversas adecuaciones de infraestructura para las áreas operativas.

Flores Saldívar explicó que alrededor del 70 por ciento de los recursos se destina a sueldos y que la institución ha incorporado aproximadamente 300 trabajadores nuevos durante los primeros ocho meses del año, principalmente policías ministeriales y peritos.

También informó que permanecen pendientes de entrega 450 millones de pesos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. Según expuso, esos recursos no han sido liberados debido a que las autoridades estatales consideran que no se concretaron los proyectos para los cuales habían sido solicitados.

El titular de la Fiscalía sostuvo que contar con el presupuesto requerido permitiría dar continuidad a las obras, fortalecer las capacidades operativas y atender las necesidades de personal especializado.