Exigen denuncias penales por presunta triangulación de recursos de Samuel

La bancada priista pide a la FGR y a las fiscalías anticorrupción investigar transferencias, contratos y operaciones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación.

Por: Jorge Maldonado Díaz

MONTERREY, NL.– Ante los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos, simulación de operaciones y transferencias a personas y empresas vinculadas al entorno del gobernador Samuel García, la bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León exigió la presentación de denuncias penales y el inicio de investigaciones.

Los legisladores priistas demandaron que las observaciones del órgano fiscalizador sean turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a las demás instancias competentes, con el propósito de esclarecer el destino de los recursos y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Además, solicitaron profundizar las auditorías a la cadena de pagos mediante el rastreo de contratos, facturas y transferencias bancarias, a fin de identificar a los beneficiarios finales del dinero público presuntamente involucrado.

La bancada también exigió al Ejecutivo estatal entregar de manera íntegra y oportuna toda la información requerida por los órganos fiscalizadores, al considerar que la transparencia es indispensable para esclarecer las operaciones observadas.

Los diputados del PRI advirtieron que los señalamientos de la ASF representan un asunto de gravedad institucional que no debe reducirse a una confrontación entre partidos ni quedar sin consecuencias mediante recursos jurídicos de amparo.

Asimismo, aseguraron que las observaciones federales coinciden con información que, señalaron, se encuentra en poder de la Comisión Anticorrupción del Congreso local.

Según los priistas, en las respuestas del propio Ejecutivo estatal ante esa comisión se reconoce la existencia de transferencias de recursos públicos hacia despachos relacionados con el entorno familiar del gobernador, aunque dichas operaciones fueron justificadas por la administración estatal.

Por ello, insistieron en que corresponde a las autoridades investigadoras determinar si esas operaciones se realizaron conforme a la ley o si constituyen posibles irregularidades en el manejo del presupuesto público.

La bancada tricolor anunció que mantendrá la vigilancia legislativa sobre el caso y reiteró que buscará evitar que los señalamientos sobre el uso de recursos estatales queden sin una investigación de fondo.