Exigen cuentas a Fiscalía por carpetas contra Samuel; Congreso busca reabrir investigaciones

Por Jorge Maldonado Díaz

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León solicitó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación abiertas en 2024 contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, ante la posibilidad de que algunas hayan sido cerradas sin notificación al Poder Legislativo ni a las autoridades denunciantes.

La diputada Armida Serrato Flores señaló que, si la Fiscalía determinó concluir las indagatorias relacionadas con presuntas triangulaciones de recursos y otras irregularidades de la administración estatal, deberá explicar por qué no informó de esas resoluciones al Congreso local, a la Auditoría Superior del Estado ni a quienes promovieron las denuncias.

“Este Congreso del Estado es importante señalar que no recibió y que no ha recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre estas carpetas que el gobernador Samuel García señala que han sido cerradas”, manifestó.

La legisladora explicó que, una vez que la Fiscalía entregue la información sobre el estado procesal de cada expediente, la Comisión solicitará la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que comparezca como autoridad ofendida y, en caso de existir elementos legales, pueda impugnar las determinaciones de archivo o cierre.

Serrato Flores recordó que las denuncias fueron presentadas por distintas vías, entre ellas el denominado Grupo de las Seis, legisladores locales y ciudadanos mediante escritos anónimos.

Indicó que las investigaciones también podrían guardar relación con el juicio político que actualmente se tramita en la Comisión Anticorrupción contra el mandatario estatal, aunque aclaró que se trata de ejercicios fiscales diferentes.

“Queremos que con esta información podamos cerciorarnos si son las mismas empresas, si son adicionales y si son efectivamente la suma de esos ejercicios fiscales que se señalaron en estas denuncias, contra los que ahora estamos analizando”, sostuvo.

La diputada insistió en que el Congreso necesita conocer si las carpetas continúan abiertas, fueron determinadas o se encuentran archivadas, así como las razones jurídicas que sustentaron cualquier resolución.

Entre las empresas mencionadas en las denuncias que buscan esclarecerse se encuentran TORDEC, Don Cacahuato, Mota-Engil, La Laguna-PILSA, MYR y TXAT LATAM.

También figuran señalamientos relacionados con la adquisición de un inmueble ubicado en la zona de Mesa de la Corona o Mesa de Carrizalejo, en San Pedro Garza García, así como la compra de otro predio en el municipio de Burgos, Tamaulipas, identificado como un rancho.

La Comisión Anticorrupción busca que la Fiscalía proporcione información oficial y documentada sobre cada expediente para determinar si existen elementos que permitan solicitar la revisión de las decisiones ministeriales.

De confirmarse que las investigaciones fueron cerradas, el Congreso pretende recurrir a las instancias correspondientes para que se revise la legalidad de esas determinaciones y, si procede, se promuevan las impugnaciones respectivas.

Por ahora, la Comisión espera la respuesta oficial de la Fiscalía Anticorrupción para definir los siguientes pasos.