Los internos fueron obligados a desnudarse, golpeados con tubos de acero e hincados boca abajo por largo tiempo en las canchas del penal; exige CADHAC castigo para los autores materiales e intelectuales del Gobierno del Estado que ordenaron estas acciones violatorias a los derechos humanos, y que derivaron en la muerte de una persona y 29 mas resultaron heridas.
MONTERREY | Para Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), resultan inaceptables los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron y están siendo sometidas las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado de Nuevo León por parte de las autoridades estatales responsables de la seguridad al interior de dichos centros.
A través de un comunicado, la Asociación señala que, después del traslado masivo de más de 500 personas iniciado la noche del martes 26 de marzo, elementos de seguridad penitenciaria llevaron a las personas privadas de la libertad a las canchas al aire libre del Centro Penitenciario de Topo Chico, «obligándolos a desnudarse y permanecer por largo tiempo hincados boca abajo sobre el suelo de terracería e inmovilizados con cinchos plásticos alrededor de sus muñecas. De igual forma, hay reportes de que les hicieron correr hasta el área de canchas y, mientras ingresaban a ésta, fueron golpeados con tubos de acero».
Al menos una persona murió y 29 más resultaron heridas entre custodios y personas privadas de la libertad como resultado de las irresponsables acciones por parte de las autoridades estatales durante el traslado y los hechos posteriores referidos
La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos exigió la inmediata atención médica y psicológica de la totalidad de la población penitenciaria afectada para asegurar su integridad física y emocional.
De igual manera, exhortó a que se realice una auditoría que permita identificar a los actores intelectuales y materiales al interior del Gobierno del Estado de Nuevo León que giraron las órdenes para llevar a cabo estas acciones violatorias a los derechos humanos y que presuntamente representan hechos delictivos con el fin de que sean sancionadas de acuerdo a la ley.
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