La reforma, aprobada por el Congreso local, y que amplía de 6 a 18 el catálogo de delitos que priva de la libertad a las personas antes de que se demuestre su culpabilidad, contraviene estándares internacionales de derechos humanos, afirma CADHAC
La prisión preventiva oficiosa es un retroceso para el sistema de justicia penal,
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), reprueba el aval a la modificación del artículo 19 de la Constitución Federal por parte del Congreso de Nuevo León, cuyo objetivo es ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva obligatoria, echando por tierra el avance en materia de justicia y derechos humanos.
El Congreso de Nuevo León se vuelve una de las 19 legislaturas locales que aprueban la reforma constitucional para que surta efecto a nivel federal, ampliando de seis a dieciocho el catálogo de delitos que obligan a los jueces a ordenar que se prive de la libertad a la persona acusada antes de que se demuestre su culpabilidad.
En un comunicado, CADHAC considera que la entrada en vigor de esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos e implica un retroceso para la implementación del Sistema Penal Acusatorio pues, como lo ha señalado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
«…en lugar de fortalecer y capacitar a las personas que integran las instituciones de investigación y procuración de justicia, desincentiva la mejora y fomenta el mantenimiento de las peores prácticas como la fabricación de delitos y extracción de confesiones bajo tortura», sostiene la organización defensora de derechos humanos en Nuevo León.
Además, dijo, «la reforma provocará un crecimiento acelerado de la población penitenciaria en Nuevo León, afectando las condiciones de los ya de por sí mal administrados centros penitenciarios y exponiendo a más personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Para Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) «Suponer que esta reforma contribuirá a disminuir la incidencia delictiva y abonará a la seguridad ciudadana es una gran equivocación».
Refieren que los jueces cuentan ya con la facultad de utilizar la prisión preventiva en casos que lo ameriten. Sin embargo, ahora estarán obligados a enviar a la cárcel a personas por el simple hecho de ser señalados como posibles responsables de los delitos aprobados, sin elementos que comprueben su culpabilidad.
La prisión preventiva es una medida excepcional de último recurso, por lo que la reforma aprobada resulta en una aberración legal que lleva a un franco retroceso en materia de justicia, insiste CADHAC
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