Nuevo León
Piden cárcel a funcionarios que pongan en riesgo a empleados por Covid
MONTERREY | La Comisión Internacional de Derechos Humanos de Nuevo León, presentó ayer en el Congreso local, una iniciativa de reforma para adicionar al Código Penal de esta entidad, el artículo 345 bis para castigar con cárcel a los servidores públicos que se nieguen a acatar recomendaciones en favor de sus empleados, cuando estén en peligro de perder la vida a causa del COVID -19.
El abogado Ulises Treviño, presidente de esa Comisión en el Estado, presentó los documentos legislativos en la Oficialía de Partes del Congreso y una lista de 50 empleados estatales que se han amparado en contra de sus jefes por ser vulnerables al COVID-19, al padecer presión alta, diabetes y sobrepeso, quienes son víctimas de acoso para que vuelvan a sus centros de trabajo.
Indicó que los amparos han sido favorables a los empleados, por lo que el Estado busca tumbarlos.
Estos amparos se ventilan en el juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, en el cuarto distrito en el estado de Sinaloa, juez Tercero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en Nuevo León. También ante el juez de Distrito en materia civil y de trabajo en Nuevo León, entre otros.
Algunos de los afectados son: Julio César Carrillo Monsiváis, en representación de María de los Ángeles Carrillo Monsiváis, María del Carmen Orozco Tovar, María Elena Ramírez Macías, y muchos otros.
Treviño García, señala en el documento que es urgente atender este asunto, ya que en la actualidad dentro de la propia Secretaría de Salud, se están violando los derechos de los trabajadores vulnerables, que se mantienen considerados así por recomendación de la CIDH uno 2020.
“Siendo el caso que mantiene trabajando a decenas de personas en dichas condiciones de vulnerabilidad sin que exista alguien ajeno a los jueces de distrito que los proteja y acate las recomendaciones obligatorias de la CIDH”.
Por ese motivo, se propone agregar un apartado al Código Penal en el que se castiguen las conductas perpetradas contra los Derechos Humanos, ya que por las omisiones de las autoridades que abusan de grupos vulnerables al grado de perder innumerable cantidad de vidas y por otra parte se desprestigian los tratamientos de medicina alternativa en perjuicio de la humanidad sin que se sancione ni una ni otra de las conductas.
Por lo tanto es necesario incluir el capítulo de referencia para quedar de la siguiente manera:
Artículo 157 bis. “Cuando se evite por acción u omisión la difusión de métodos efectivos para evitar contagios, curar enfermos en tiempo de pandemia y en general tendiente a preservar la vida y salud de las personas, alegando y difundiendo por redes sociales, prensa o televisión hechos falsos que desprestigien el método, estudio o tratamiento eficiente para curar enfermos y evitar contagios, se sancionará con una pena privativa de la libertad de seis meses a siete años de prisión”.
Treviño García también planteó un artículo 157 bis dos, que a la letra dice: “A la persona que siendo servidor público y que tenga la obligación de acatar una recomendación, consecuente alguna recomendación de la CIDH o tratado del que México es parte se niegue con sus actuaciones a proteger grupos vulnerables poniendo en riesgo sus vidas, se les sancionará con una pena de prisión de 10 a 30 años”.
Y concluye que bajo criterio resulta evidente que los derechos humanos quedarían protegidos en salvaguarda a la vida digna y avance en el ejercicio real de los derechos inalienables de los que todo ser humano debe tener a su alcance por el simple hecho de ser persona.
MONTERREY, NL. | Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos presentarán este jueves la Guía para la protesta en Nuevo León: derechos y recomendaciones, un documento que busca fortalecer el ejercicio del derecho a la manifestación mediante información práctica sobre seguridad, documentación de abusos y protección de derechos humanos.
La presentación se llevará a cabo a las 12:00 horas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, donde las organizaciones impulsoras compartirán los alcances de este material elaborado de manera colectiva.
La guía surge en un contexto en el que diversos sectores sociales han denunciado restricciones y presuntos abusos por parte de autoridades durante manifestaciones públicas en la entidad. Entre los casos recientes se encuentran los señalamientos de organizaciones feministas por actuaciones policiales durante la marcha del 8 de marzo de 2026, así como las denuncias realizadas por integrantes del movimiento La Voz de los Usuarios en el marco de sus protestas contra el incremento en las tarifas del transporte público.
El documento fue desarrollado con la participación de organizaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, Accionario, Alianza de Usuarixs y Manifiesta tu Ciudadanía, con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con sus promotores, la guía ofrece recomendaciones para participar de manera segura antes, durante y después de una manifestación, además de herramientas para documentar posibles agresiones, detenciones arbitrarias o violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones destacaron que se trata de un material “vivo y colectivo”, abierto a ser enriquecido por quienes participan en movilizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer las prácticas de cuidado y protección comunitaria durante las protestas.
La presentación también busca abrir un espacio de reflexión sobre las condiciones en que actualmente se ejerce el derecho a la manifestación en Nuevo León y la importancia de garantizarlo como una libertad fundamental en una sociedad democrática.
El Noreste
Atribuyen caos vial por obras de la Línea 6 del Metro a falta de planeación del Gobierno de Nuevo León
Por Jorge Maldonado
Monterrey, NL.- Diputados del Congreso local cuestionaron las afectaciones viales que han provocado las obras de construcción de la Línea 6 del Metro sobre la carretera Miguel Alemán y la Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey, y responsabilizaron al Gobierno del Estado por la falta de planeación y de un proyecto ejecutivo integral.
La presidenta del Congreso de Nuevo León, Itzel Castillo Almanza, lamentó las complicaciones que enfrentan diariamente transportistas, trabajadores y viajeros que utilizan estas vías de comunicación, especialmente quienes se dirigen al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
La legisladora señaló que los congestionamientos registrados en los últimos días evidencian deficiencias en la planeación de la obra, situación que, dijo, afecta la imagen del estado ante visitantes nacionales y extranjeros.
“Qué lamentable. Esas son las consecuencias que hoy por hoy estamos viendo. Imagínense si los ciudadanos se tuvieron que bajar del vehículo para poder llegar a la terminal aérea y abordar un avión; imagínense los extranjeros. A pocos días de que inicie el Mundial, realmente no estamos dando una buena imagen”, expresó.
Castillo Almanza sostuvo que las afectaciones son resultado de una serie de omisiones en la ejecución del proyecto.
“Es por la falta de un proyecto, falta de planeación, falta de presupuesto, falta de coordinación, falta de organización; hace falta de todo y deben tener la seriedad que se requiere para poder dejar en alto a Nuevo León”, afirmó.
Por su parte, la diputada de Morena, Greta Barra Hernández, también cuestionó la manera en que se ha desarrollado la construcción de la Línea 6 del Metro, al considerar que desde el inicio de los trabajos se han generado diversos problemas de movilidad para quienes transitan por la zona metropolitana.
Un total de 24 obras llevará a cabo la actual Administración municipal con los recursos del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) 2026 que suman 219.4 millones de pesos.
Así lo aprobó por unanimidad el Cabildo Regio durante la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de mayo.
De acuerdo con el dictamen, las acciones serían en los siguientes rubros:
1) Agua Potable: Construcción de 3 obras de red o sistema de agua entubada
2) Alcantarillado: Construcción de 3 obras de red de alcantarillado
3) Drenaje y letrinas: Una obra de red de drenaje sanitario
4) Mejoramiento de vivienda: Edificación de un cuarto dormitorio y un muro de contención
5) Urbanización: Rehabilitar un Centro de Desarrollo Comunitario
Construcción de 10 Andadores urbanos y/o escalinatas y
Construcción de 4 obras de pavimentación
Las 24 intervenciones se efectuarán en las Zonas de Atención Prioritaria identificadas en esta capital y en base a la reglamentación para aplicar dicho fondo.
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