Se trata de ex funcionarios de la administración 2015 – 2018 de Ciudad del Maíz. También vinculados a proceso penal ex tesorero, ex coordinador de Desarrollo Social y ex secretario general.
La ASE los denunció por haber incurrido en presuntos actos de corrupción al desviar cerca de 6 millones de pesos; se incluye a proveedores. Todos podrían ser sentenciados en los próximos 6 meses.
SAN LUIS POTOSI | Como resultado de la denuncia penal que presentó la Auditoría Superior del Estado en 2019 ante la Fiscalía Anticorrupción, contra varios ex funcionarios municipales de Ciudad del Maíz en el período 2015-2018, la Juez Ana Laura Castellón Stringel determinó la vinculación a proceso de quienes fungieron como presidente municipal, tesorero, coordinador de Desarrollo Social y secretario general durante la mencionada administración.
De acuerdo con los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017 de Ciudad del Maíz, los hoy ex funcionarios, en complicidad con particulares, habrían cometido los delitos de peculado y fraude por un monto cercano a los 6 millones de pesos. La denuncia fue presentada por el órgano fiscalizador luego de detectar que un grupo de obras públicas -en su momento reportadas como concluidas y pagadas-, no se llevaron a cabo o bien, no lograron concluirse; hechos que configuran el desvío de recursos públicos.
La decisión de ejecutar la vinculación a proceso de los acusados, se registró este miércoles en un juzgado con sede en Rioverde, después de un largo procedimiento que en diversas ocasiones se pospuso debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.
Asimismo, la Auditoría Superior del Estado reconoce la labor de la Fiscalía Anticorrupción y se pronuncia por el trabajo conjunto de las instituciones, para lograr mejores resultados en la ejecución de sanciones contra funcionarios públicos y otras personas que menoscaben el patrimonio de los potosinos. De este modo, espera que a la brevedad puedan concluirse procedimientos similares en otros municipios de la entidad.
Finalmente, la titular del organismo fiscalizador, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, hace un llamado a los particulares que fungen como proveedores de los entes fiscalizables, para que se abstengan de participar en situaciones que tengan la intención de desviar los recursos públicos que esencialmente deberían ser utilizados para el beneficio de la sociedad, ya que ahora, a diferencia de años anteriores, las personas físicas y morales también son sujetas de investigaciones y denuncias con consecuencias en materia penal.
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