Perla Reséndez
CIUDAD VICTORIA, Tam. | En las agencias del Ministerio Público de Tamaulipas, existen 390 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
La cifra es menor a la registrada de manera global durante el año pasado, en que se registraron 594 denuncias por delitos cometidos por diferentes servidores públicos en la entidad.
En los primeros meses del año, se registraron 37 denuncias en enero, 43 en febrero y 52 en el mes de marzo; sin embargo, a partir del mes de abril, las denuncias registran un decremento, correspondiendo al tiempo en que las autoridades decretaron una jornada de sana distancia, por la presencia del COVID-19.
Así, las denuncias al mes de abril fueron 27, otras 25 en el mes de mayo, sólo 19 en el mes de junio, mientras que en el mes de julio se reportaron 27; y en el siguiente mes, en agosto, las denuncias fueron 33.
Para el mes de septiembre, las denuncias sumaron 54 denuncias en contra de servidores públicos y en el mes de octubre, el último reportado por el Secretariado, las denuncias sumaron 73.
De acuerdo con el Artículo 208 del Código Penal de Tamaulipas, se considera servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza para los tres Poderes del Estado.
Los Ayuntamientos de los municipios del estado y los organismos descentralizados de las entidades referidas en las dos fracciones que anteceden; considerando entre los delitos cometidos por servidores públicos, el ejercicio indebido de funciones públicas.
También el delito de abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, tortura, coalición, cohecho y peculado.
El pasado 22 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública asumió el control de la Dirección de Tránsito y Seguridad Pública en Matamoros, luego de la actuación omisa que tuvieron los elementos de dicha corporación, para apoyar a las fuerzas de seguridad estatales, en bloqueos y manifestaciones que se presentaron, tras los decomisos realizados al líder de un grupo delincuencial en esa ciudad.
Recientemente en Ciudad Madero, también se llevó a cabo una revisión en la Dirección de Tránsito por parte de la Fiscalía de Anticorrupción ante una denuncia ciudadana por posibles actos de corrupción.
Pero también del C3, para realizar exámenes antidoping y revisar el estatus de los elementos de Tránsito de la certificación actualizada requerida por ley para que puedan operar.
A finales de septiembre de este año, fue vinculado a proceso, un elemento de tránsito, ahora del municipio de Tampico, luego que, en hechos registrados el 14 de julio del 2017, atendió un accidente vial donde resultó una persona lesionada y con daños materiales la motocicleta en la que se desplazaba.
El uniformado trasladó a la denunciante a las instalaciones de Tránsito Municipal, donde presuntamente la obligó a firmar convenio respecto a la reparación de los daños del afectado, refiriéndole que si no firmaba no podía retirarse de las oficinas porque estaba en calidad de detenida, motivo por el que entregó a los servidores públicos un vehículo y los documentos que amparan la propiedad de otro, mismos que quedaron en garantía por la cantidad de 45 mil pesos.
Estos no son los únicos delitos por los que pueden ser juzgados los servidores públicos; datos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, dan cuenta de denuncias contra servidores públicas por otros delitos.
Así, en 2004, un Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en Abasolo, fue denunciado y consignado por el delito de violación; en 2013, un Sub-Inspector de la Policía Estatal, fue acusado del delito de hostigamiento sexual.
En 2016 y 2017, se presentaron otras dos denuncias en Padilla por acoso u hostigamiento sexual, una de ellas para un personal administrativo de la Procuraduría del Estado y un maestro de la SET.
En 2017, un Jefe de Grupo de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en Altamira, recibió dos denuncias por hostigamiento sexual; en 2018, un intendente de la UAT en Altamira, fue acusado por hostigamiento sexual.
En 2019 en Camargo, un servidor público fue denunciado por abuso sexual y en el municipio de Hidalgo, otro más fue denunciado por violación, carpeta que fue judicializada y se decretaron medidas cautelares.
En abril del 2019, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Castro Ormaechea, informó que se investigaban 453 denuncias por tortura, cometidas, presuntamente por policías de los tres órdenes de gobierno. Hasta ese momento 250 estaban en trámite y 60 de las carpetas fueron judicializadas.
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